27/10/25 08:37 hs.
En Uruguay, la administración del presidente Yamandú Orsi está trabajando para retomar el proyecto de regulación del juego online en el país, que no prosperó en 2022.
Legisladores del Frente Amplio confirmaron al medio El Observador que han mantenido conversaciones informales con miembros del Poder Ejecutivo, aunque advirtieron que el posible regreso del proyecto está previsto recién para 2026.
Esta nueva iniciativa busca ordenar un sector que actualmente opera en zona gris, generando ganancias millonarias sin que el Estado uruguayo obtenga beneficios fiscales ni pueda ejercer control sobre sus operaciones.
El debate sobre el juego online en Uruguay involucra diversos intereses económicos y políticos. Entre los principales actores se encuentran:
- El gobierno uruguayo, que busca captar ingresos fiscales.
- Las empresas de casinos físicos, que quieren expandirse al digital.
- Las plataformas de apuestas online internacionales.
- La Banca, empresa privada que administra la mayoría de juegos autorizados por el Estado uruguayo.
Fernando Estévez, director general de Casinos de Uruguay, comunicó al sindicato que ya se puso en marcha un proyecto para regular el juego online, confirmando el impulso oficial hacia la nueva legislación.
El senador Caraballo propuso la creación de una plataforma estatal para la regulación de las apuestas online en Uruguay, que permitiría garantizar transparencia, evitar la participación de menores y promover un modelo de juego controlado y responsable.
Esta propuesta marca una diferencia significativa respecto al proyecto de 2022, que se centraba en otorgar licencias a casinos físicos existentes para operar online.
El proyecto de regulación del juego online presentado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou logró aprobación unánime en el Senado uruguayo, pero se estrelló contra la realidad política en Diputados. El Frente Amplio y el Partido Colorado terminaron rechazándolo, archivando la iniciativa.
Durante el debate, los diputados Juan Rodríguez (Partido Nacional) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) propusieron flexibilizar los requisitos para permitir licencias a empresas sin casino físico. Esta modificación generó rechazo dentro de la coalición gobernante.
El nacionalista Álvaro Viviano advirtió que la modificación tenía «nombre y apellido», en alusión al empresario Giuseppe Cipriani, desarrollador del proyecto San Rafael en Punta del Este. Esta controversia envenenó el debate político.
A las diferencias políticas se sumó la intención de algunos legisladores uruguayos de incluir las apuestas deportivas online, lo que terminó trabando el tratamiento del texto legislativo.
La Asociación Uruguaya de Fútbol presionó por la apertura del mercado, argumentando que permitir la entrada de empresas privadas de apuestas generaría nuevos ingresos por patrocinio. Actualmente, el fútbol uruguayo recibe unos 500 mil dólares anuales por las utilidades de Supermatch, la única plataforma de apuestas autorizada en el país.
Sin consenso político en 2022, el proyecto quedó archivado, y el país continúa sin una regulación específica para el juego online. Esta situación genera múltiples problemas:
- El Estado uruguayo pierde ingresos fiscales millonarios
- Operadores internacionales actúan sin supervisión
- No existen mecanismos de protección al consumidor
- Imposibilidad de prevenir acceso de menores
- Falta de controles sobre lavado de dinero
Mientras el debate político se extiende, operadores internacionales continúan capturando el mercado uruguayo sin pagar impuestos ni cumplir regulaciones. Cada mes de demora representa millones en ingresos perdidos para el Estado uruguayo y miles de ciudadanos jugando sin protección legal.
La decisión del gobierno de Orsi de retomar el debate en 2026 marca un reconocimiento tácito de que la situación actual es insostenible. Resta ver si los legisladores uruguayos habrán aprendido de los errores de 2022 y podrán construir los consensos necesarios para aprobar finalmente una regulación integral del juego online.