08/09/25 08:40 hs.
La resolvió analizar una propuesta de consulta popular para permitir la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles cinco estrellas.
Además, la propuesta contemplaba un tributo del 25% de las ventas, destinado a combatir la desnutrición infantil. Sin embargo, la Corte determinó que la propuesta no cumple los parámetros constitucionales, destacando errores en su formulación.
En primer lugar, según la Corte Constitucional del Ecuador, los considerandos presentados carecían de claridad y no mantuvieron una relación directa con la pregunta de la consulta, lo que llevó a confusión entre los votantes. Además, la explicación previa al electorado no ofreció suficiente información esencial para una decisión informada. Por consiguiente, la falta de transparencia y precisión fue un motivo clave para que se dictaminara la improcedencia.
Cabe señalar que, en ocasiones, la correcta formulación de las consultas es fundamental para respetar el proceso democrático y permitir que los electores ejerzan su derecho sin ambigüedades. En este sentido, el Tribunal resaltó la importancia de no generar confusión con mensajes poco claros o complejos.
Por otra parte, la consulta contenía una pregunta compuesta, que abordaba simultáneamente la reapertura de casinos, la creación de un impuesto especial y la destinación de los recursos recaudados. Por lo tanto, la pregunta agrupaba tres asuntos distintos en una sola votación, lo cual restringía la libertad y la autonomía del elector.
En consecuencia, esta falta de separación impide que las personas puedan decidir acerca de cada punto de manera independiente. Según el dictamen 8-25-CP/25, esta condición vulnera principios esenciales de participación democrática y respeto a la voluntad popular.
Finalmente, la Corte actuó defendiendo la supremacía constitucional y los derechos fundamentales al exigir que las propuestas de reforma o consulta se ajusten a los límites legales. Este criterio es clave para asegurar que las decisiones tomadas en procesos electorales respeten la Carta Magna y ofrezcan garantías tanto a los ciudadanos como a las instituciones.
Asimismo, la Corte se posiciona como el garante de que las modificaciones referidas a sectores sensibles, como el juego de azar o similares, se formulen con claridad, lealtad y apego a la ley. “Protegemos derechos”, resalta su comunicado, subrayando un compromiso permanente con la legalidad democrática.
La decisión de la Corte Constitucional recuerda que cualquier iniciativa relacionada con consulta popular sobre casinos debe presentar preguntas claras y unívocas, especialmente cuando involucra aspectos fiscales y sociales sensibles. En efecto, para los actores del sector de juegos y loterías en Ecuador, es indispensable un marco legal preciso, que evite incertidumbres y facilite el análisis de impacto.
Además, la propuesta pretendía que un tributo del 25% de las ventas se destine a programas contra la desnutrición infantil. Aunque la causa social es sensible y necesaria, la corte enfatiza que no debe confundirse en la forma de la consulta, para no afectar la libertad del voto.
Este caso representa un ejemplo de cómo las autoridades judiciales velan porque las decisiones populares sobre juegos de azar se realicen dentro de un marco constitucional, transparente y respetuoso de los derechos del electorado y los intereses sociales. En efecto, el análisis demuestra el equilibrio necesario entre la regulación estatal, la participación democrática y las causas sociales vinculadas al sector.