21/01/26 08:29 hs.
La postura de las grandes corporaciones tecnológicas frente a la legalidad vuelve a situarse bajo el foco tras las severas declaraciones emitidas por la Comisión del Juego del Reino Unido.
En un discurso pronunciado este 19 de enero de 2026 durante la feria comercial ICE en Barcelona, el director ejecutivo del organismo regulador, Tim Miller, ha acusado directamente a Meta Platforms de ignorar deliberadamente la proliferación de anuncios de casinos ilegales en sus redes sociales, Facebook e Instagram.
Según el directivo, la compañía propietaria de estas plataformas parece haber adoptado una actitud de permisividad que facilita la entrada de ingresos provenientes de actividades criminales, bajo la excusa de una supuesta falta de conocimiento técnico sobre lo que ocurre en sus propios sistemas publicitarios.
«La industria con licencia está amenazada por operadores ilegales. Los consumidores están amenazados por operadores ilegales. El contribuyente está amenazado por operadores ilegales. Y en esta batalla entre la creación de mercados seguros, justos y bien regulados, por un lado, y las empresas criminales, dañinas, explotadoras y que evaden impuestos, por el otro, no debe haber opción para que las personas tengan un pie en ambos bandos. Es hora de elegir entre dos opciones, y por eso todos debemos empezar a preguntarnos: «¿De qué lado estás?».
El núcleo de la crítica radica en la contradicción entre el sofisticado potencial tecnológico de Meta y su aparente inacción ante contenidos que vulneran de forma flagrante la normativa británica.
Miller enfatizó que cualquier usuario habitual de estas redes sociales puede encontrarse con publicidad de casinos en línea que operan fuera del marco legal.
Lo más preocupante para las autoridades es que gran parte de estos sitios promocionados no forman parte de GamStop, el sistema oficial de autoexclusión del Reino Unido diseñado para proteger a personas vulnerables con problemas de ludopatía.
Al permitir este tipo de publicidad, las plataformas no solo estarían incumpliendo normativas administrativas, sino que estarían desmantelando activamente las redes de seguridad social construidas para prevenir el daño derivado del juego compulsivo.