Legisladores de todos los partidos consideran que el pedido de la junta es “complicado” y no descartan que sea la jueza Laura Taylor Swain quien tenga tomar una determinación
La amenaza de la Junta Federal de Control Fiscal a la administración de Ricardo Rosselló de vetar un fragmento de la nueva reforma contributiva, específicamente la legalización de las máquinas tragamonedas, es un tema que podría llegar hasta la sala jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal.
De esta forma coincidieron algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Todos describieron la situación como una “compleja” en la que el tribunal deberá decidir si la ley federal Promesa concede ese poder de política pública al organismo federal.
El ente federal envió una carta al primer ejecutivo en la que determina que el documento de cumplimiento sobre la nueva ley de reforma contributiva —enviado por el gobierno para análisis de la junta el 19 de diciembre— es deficiente porque carece de un estimado formal del impacto fiscal que esperan generar con la inclusión de las máquinas.
La junta concedió al gobierno un plazo de siete días para someter dicho estimado, aunque dejaron claro que esto no garantiza que puedan tomar cualquier otra “acción” sobre la nueva ley. Esta sería la segunda carta en la que el ente federal expresa al gobierno sus reparos por la iniciativa de regular las máquinas tragamonedas.
Chocan opiniones
La insistencia de la junta en eliminar las máquinas tragamonedas de la reforma ha levantado sospechas entre algunos legisladores y del propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien había comentado que la junta tiene intereses económicos “ocultos” en este tema.
El representante penepé, José “Quiquito” Meléndez, comentó que “lo que la junta básicamente está haciendo es vetando una parte de la ley, cosa que no está claro que tenga autoridad para hacer. La junta tiene autorización para verificar y autorizar las leyes de Puerto Rico y que cumplan con el plan fiscal, pero no está escrito en ningún lugar que la junta pueda decir que partes sí y qué partes no de una ley pueden continuar”.
La legalización de las máquinas tragamonedas no solo tiene la oposición de la junta federal, sino que también de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico. “Si la junta declara inválido o no autoriza que se utilice esa parte de la legislación, que finalmente se convirtió en ley, vamos a terminar en el tribunal. Esto porque la junta ya validó la reforma contributiva y una de las partes integrales de la reforma son las tragamonedas”, dijo.
“Definitivamente va para el tribunal ya sea porque el gobierno de Puerto Rico lo lleve o la junta lleve al gobierno de Puerto Rico para buscar la forma de que no ponga en vigor esa parte de la ley. Esto parece ser otra valla más entre la junta y el gobierno”, expuso.
En tanto, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández coincidió con las expresiones de Meléndez al considerar que la junta no está facultada para intervenir en asuntos de política pública. “La junta está reclamando que el gobierno ha aprobado legislación y no ha cumplido con las disposiciones de Promesa de divulgar el impacto fiscal que tiene la legislación al convertirse en ley en comparación con el plan fiscal”, dijo.
“Ahora, con esta legislación no lo han enviado (el impacto fiscal), pero añadieron (la junta) específicamente el tema de las máquinas tragamonedas desde su punto de vista de que los recaudos de esa nueva base de maquinas van a erosionar los recaudos de las máquinas en los casinos”, añadió.
Hernández fue uno de los legisladores que desaprobó la reforma contributiva de la administración de turno. “Basado en lo que hemos estado reclamando de que la junta no puede intervenir en la política pública, lo primero que tiene que hacer el gobernador para evitar la controversia es demostrar empíricamente que la legislación no afecta las proyecciones económicas del plan fiscal certificado”, dijo.
Mencionó también que la insistencia de la junta en eliminar la legalización de las máquinas tragamonedas de la reforma se debe a influencias económicas y de cabilderos. “Pienso que la junta cuando comenzó (a operar) recibió ciertos grupos y los miembros malinterpretaron su responsabilidad durante el proceso”, dijo.
De otro lado, el representante independentista, Denis Márquez, opinó que “si el propio gobierno y el propio poder legislativo han hecho lo indecible para demostrarle a la junta la reforma contributiva, ellos mismos se han puesto en la posición de reconocer el poder de la junta, de entregarle documentos, de entregarle estudios. Esto es la manifestación constante del poder de la junta sobre el gobierno”.
El representante ha sido combatiente de la junta federal y de la legalización de las máquinas tragamonedas por pensar de que impulsan el consumo del juego. “Hay un mandato legislativo aprobado y la alternativa real es que se tendría que enmendar en enero en la sesión la reforma para cambiar todo lo que tenga que ver con las tragamonedas”, dijo el legislador al considerar que la junta puede resultar airosa en el caso.
Fuente: elvocero.com