Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe
07/05/25 09:54 hs.
Luego del fallo que ordenó liberar más de USD 1,3m en criptoactivos vinculados a una red de 385 sitios web de apuestas ilegales operados desde territorio santafesino, la provincia analiza presentarse como querellante
La provincia de Santa Fe está a la espera de una resolución crucial del juez de Cámara Sebastián Creus, quien deberá decidir si revoca el fallo del juez Pablo Spekuljak
La decisión, que generó un fuerte rechazo político e institucional, pone en juego la firmeza del Poder Judicial frente al avance del juego clandestino digital.
La causa, que investiga a siete imputados —cinco argentinos y dos brasileños—, reveló alias bancarios relacionados con apuestas, anotaciones manuscritas como “Gamming = Riesgo Penal” (sic) y flujos financieros compatibles con maniobras delictivas. Sin embargo, Spekuljak autorizó la liberación de los fondos a cambio de una caución de apenas USD 70.000, al considerar que no se podía estimar con precisión el perjuicio al Estado. Esta resolución fue apelada por el fiscal Agustín Nigro, y ahora Creus tiene la última palabra.
En entrevista con El Litoral, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expuso los motivos por los cuales considera central hacer justicia y marcar el rumbo, porque “el avance favorable de una causa como esta puede ser disuasivo de seguir reproduciendo esta lógica de delito”.
En la misma entrevista, Di Lena afirmó que la caución de 70.000 dólares impuesta por la justicia parece ilógica, porque el fiscal comprobó que en una ventana de 3 meses -de junio a agosto de 2024- hubo más de un millón de transacciones que equivalen a 16.500 millones de pesos, que en ese entonces eran 16 millones de dólares.
«Claramente para nosotros es preocupante y llama la atención terriblemente el por qué autorizó esto. Cuál fue el cambio en estos últimos meses, porque siempre fue el mismo juez», afirmó el funcionario.
El querellante en esta causa es Casino Santa Fe, siendo el damnificado por ser uno de los titulares de las licencias que operan en la provincia. De todos modos, y en vista de lo sucedido con el último fallo, Di Lena se comunicó con el Dr. Fabián Bastía -el ministro de Gobierno- para que el gobierno provincial también se presente como querellante.
Se espera que el fiscal presente su apelación ante el Colegio de Jueces de Segunda Instancia.