25/02/26 08:30 hs.
Durante más de una década, el mercado de juegos y apuestas en el Perú operó en lo que las autoridades denominan la «época gris»: plataformas sin marco normativo específico, transacciones opacas y capacidad limitada de fiscalización.
Entre 2007 y 2018, las operaciones sospechosas vinculadas a juegos y apuestas ilegales sumaron aproximadamente $216 millones, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), analizados por la consultora Apuesta Legal.
Para dimensionar esa cifra: en un periodo comparable de diez años (2014–2024), la extracción ilegal de madera acumuló $136 millones en reportes a la UIF, y el tráfico de flora y fauna silvestre llegó apenas a $5 millones. Incluso antes del auge digital, las apuestas ilegales ya superaban a los delitos ambientales como canal de lavado de activos.
El punto de inflexión llegó en 2022 con la promulgación de la Ley N.º 31557, que dio inicio a un proceso acelerado de formalización bajo la supervisión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
Los resultados fiscales del cambio son concretos. Según MINCETUR, el gobierno recibió aproximadamente $112 millones en impuestos al juego online durante el periodo analizado. Esos fondos se distribuyen de la siguiente manera: el 40% va al propio MINCETUR para fiscalización y promoción turística; el 20%, al Tesoro Público; el 20%, al Ministerio de Salud para programas de salud mental; y el 20% restante, al Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Los datos de SUNAT entre enero y noviembre detallan las fuentes de recaudación. El impuesto a las apuestas deportivas a distancia fue la principal, con $31,4 millones. Le siguió el impuesto a las máquinas tragamonedas, con $52,8 millones, y el impuesto a los juegos a distancia, con $24,4 millones. El impuesto a los casinos aportó $3,5 millones.
Desde la entrada en vigor de la ley, el Estado autorizó 54 plataformas tecnológicas, registró 320 proveedores y acreditó 8 laboratorios internacionales. Para mayo de 2025, el número de plataformas autorizadas llegó a 60, con el 100% de sus transacciones auditables.
El proceso de formalización también avanzó en el territorio físico. Desde diciembre de 2024, se incorporaron 1.756 nuevas salas de apuestas al registro oficial, lo que elevó el total a 4.583 locales autorizados en todo el país. En paralelo, las autoridades clausuraron 4 salas ilegales de casino y tragamonedas, y 13 de apuestas deportivas ilegales, además de destruir 557 máquinas tragamonedas que operaban fuera del marco legal.
La regulación también fortaleció la supervisión financiera. A agosto de 2024, la UIF ya había recibido 16.306 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), impulsados en parte por la incorporación de casas de apuestas online y operadores de activos virtuales como nuevos sujetos obligados.
En octubre de 2025, la Resolución SBS N.º 03622-2025 estableció un marco específico de prevención de lavado de activos para el sector. Las medidas más relevantes incluyen la obligación de reportar a la UIF cualquier operación, depósito o premio superior a $2.500; el envío de alertas en un plazo máximo de 24 horas; y la facultad sancionadora directa de MINCETUR para verificar el cumplimiento de los protocolos antilavado.
La consultora Apuesta Legal concluye que el caso peruano representa una transición clara: de un escenario de operaciones difíciles de rastrear a un modelo basado en formalización, trazabilidad y fiscalización activa. Los datos históricos no describen el presente, sino el riesgo estructural que llevó al Estado a rediseñar su estrategia frente al lavado de activos en el sector.
La experiencia peruana puede servir como referencia para otros países de la región que aún no cuentan con un marco regulatorio integral para el iGaming, al demostrar que la formalización eleva la capacidad de control, reduce la opacidad del mercado y fortalece la supervisión financiera.