Carlos Camargo, magistrado de la Corte Constitucional en Colombia
02/02/26 08:19 hs.
La Corte Constitucional de Colombia ordenó la suspensión provisional de un decreto de emergencia económica emitido por el gobierno del presidente Gustavo Petro que habría aumentado significativamente los impuestos aplicables a la industria del iGaming.
La decisión, adoptada por una mayoría de seis votos contra dos en la sala plenaria del tribunal, bloquea temporalmente la implementación de un impuesto al valor agregado del 19% sobre los servicios de juegos y apuestas en línea.
La decisión judicial afecta directamente al Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, que ordenó la aplicación del IVA del 19% sobre los servicios de juegos y apuestas en línea como medida fiscal de emergencia durante la emergencia económica y social declarada por el gobierno.
El tribunal declaró que la medida permanecerá suspendida hasta que se emita un fallo definitivo sobre su constitucionalidad. La sesión se celebró con ocho magistrados, tras la aceptación de la recusación del presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez.
La suspensión se basó en un informe preparado por el magistrado Carlos Camargo, quien argumentó que la suspensión inmediata del estado de emergencia era necesaria para evitar daños jurídicos irreversibles. El documento de 86 páginas identificó defectos tanto formales como sustanciales en el decreto gubernamental.
Según el informe del magistrado Camargo, la declaración de emergencia contiene irregularidades de procedimiento, incluidas deficiencias en la firma del acto administrativo. Estas fallas formales comprometen la validez legal del decreto desde su origen.
El análisis también citó una justificación insuficiente para cada una de las ocho causas invocadas por el gobierno para respaldar la declaración de poderes de emergencia. Esta carencia en la fundamentación representa uno de los principales argumentos para considerar que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales.
Estas fallas, argumentó el magistrado, justificaban el uso excepcional de una suspensión cautelar para evitar la consolidación de efectos jurídicos irreversibles antes de que se completara el control constitucional.
El tribunal enfatizó que recae sobre el poder ejecutivo la carga de demostrar que las medidas de emergencia son estrictamente necesarias, proporcionadas y están directamente vinculadas con las causas citadas. En este caso, el gobierno no habría logrado satisfacer este estándar de justificación.
El presidente Petro reaccionó públicamente a la suspensión, defendiendo el decreto y criticando la decisión del tribunal. En un mensaje publicado en Twitter, el mandatario dijo que el fallo conllevaría consecuencias económicas más amplias, argumentando que bloquear el decreto de emergencia protege efectivamente las ventajas fiscales para los sectores más ricos.
Petro agregó que la carga de la crisis resultante se trasladaría a la sociedad y se revisaría en un futuro Congreso, donde su administración buscaría prevenir lo que considera resultados inequitativos.
Impacto en la industria del iGaming
La suspensión provisional representa un alivio temporal para la industria del iGaming en Colombia, que habría enfrentado un incremento sustancial en su carga tributaria de implementarse el IVA del 19%. Este impuesto se habría sumado a las obligaciones fiscales existentes del sector, potencialmente afectando la competitividad de operadores legales frente a plataformas ilegales que no cumplen con las regulaciones tributarias.
La incertidumbre generada por el decreto y su posterior suspensión afecta la planificación fiscal y operativa de las empresas del sector, que ahora deben esperar la decisión definitiva de la Corte Constitucional para conocer el marco tributario bajo el cual operarán.
El tribunal no ha fijado un plazo para su decisión final sobre la constitucionalidad del decreto, pero la suspensión provisional sigue vigente mientras continúa el escrutinio constitucional. Durante este período, el IVA del 19% sobre servicios de iGaming no podrá ser aplicado.
La administración Petro podría intentar corregir las deficiencias identificadas por el magistrado Camargo y presentar una nueva justificación para la medida, o alternativamente, buscar la aprobación de una reforma tributaria que incluya al sector del iGaming a través del proceso legislativo ordinario en el Congreso.
La decisión final de la Corte Constitucional determinará no solo el futuro de este impuesto específico, sino también el alcance de los poderes presidenciales de emergencia en materia económica y tributaria en Colombia.