02/12/25 09:07 hs.
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, anunció un proyecto para eliminar diferentes impuestos, entre los que se destaca la eliminación del impuesto al juego de azar, con el objetivo de reactivar la economía y atraer inversiones.
Otros de los gravámenes que se podrían recordar son los aplicados a las transacciones financieras y las promociones empresariales, argumentando que su peso en la recaudación es menor al 1 por ciento y que no compensan el costo de su gestión ni la pérdida de confianza para los inversionistas.
El mandatario hizo el anuncio en el marco de un acto con trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba. Allí, confirmó su intención de quitar diversos gravámenes que existen en el país y defendió la reciente decisión de su administración de eliminar el impuesto a las grandes fortunas, introducido durante el anterior mandato de Luis Arce.
La decisión de suprimir cuatro impuestos: el impuesto a las transferencias financieras (ITF), el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto al juego y el tributo a las promociones empresariales, forma parte de un paquete orientado a estabilizar la economía.
El presidente de Bolivia argumentó que algunas normativas de gobiernos precedentes provocaron un éxodo de capitales, calculando que en los últimos seis o siete años se trasladaron alrededor de US$7.000m fuera del país.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, insistió en que estos impuestos motivaron fugas de capital y un bajo interés de inversión internacional. Además, el Ejecutivo adelantó que buscará ajustar el Presupuesto General del Estado para 2026, con la meta de reducir el gasto público en al menos un 30 por ciento.
Paz remarcó que es fundamental que esos recursos regresen al país, ya que su reinversión contribuiría al empleo y a la actividad económica. Por este motivo, consideró insuficiente la inversión extranjera directa registrada en Bolivia en 2025, cifra que ubicó en los US$247m.
El gobierno de Rodrigo Paz afirmó que la eliminación de los cuatro impuestos y la reducción del 30 por ciento en el gasto público, prevista en la reforma al Presupuesto General del Estado, marcan el inicio de una serie de medidas que se implementarán de manera progresiva hasta marzo.