10/11/25 08:54 hs.
El estado brasileño de Maranhão ha solicitado oficialmente su admisión como amicus curiae en la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7721 ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
Esta intervención busca defender la constitucionalidad de la Ley Federal N.º 14.790/2023, conocida como la Ley de Apuestas, que actualmente enfrenta un cuestionamiento legal interpuesto por la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo.
La CNC presentó la acción solicitando la suspensión inmediata y posterior anulación de la normativa que regula las apuestas deportivas de cuota fija en Brasil. La confederación fundamenta su demanda en presuntos impactos negativos sobre la economía nacional y la salud pública, además de advertir sobre la exposición de menores de edad a los juegos y apuestas en línea.
Este cuestionamiento plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la regulación de una actividad económica emergente y la protección de sectores vulnerables de la población brasileña.
El estado de Maranhão justifica su participación en el proceso basándose en la experiencia acumulada con LOTEMA, la Lotería del Estado de Maranhão. Según el documento presentado ante el STF de Brasil, esta entidad ha implementado criterios rigurosos para la acreditación y supervisión de operadores de apuestas.
La Fiscalía General del Estado argumenta que esta práctica demuestra que la regulación en Brasil es capaz de proteger efectivamente al consumidor mientras genera simultáneamente ingresos públicos y empleos formales. El documento sostiene que la regulación de las apuestas deportivas representa el ejercicio legítimo del poder regulador estatal, en conformidad con los principios constitucionales de libre empresa y protección del consumidor.
Maranhão rebate directamente el argumento central de la CNC sobre el agravamiento de problemas sociales. El estado sostiene que la Ley de Apuestas de Brasil promueve un entorno seguro y controlado mediante la implementación de medidas rigurosas para la prevención de adicciones, el control de acceso de usuarios, sistemas de identificación adecuados y programas específicos de juego responsable.
La defensa estatal señala que estas salvaguardias institucionales constituyen precisamente la diferencia entre un mercado regulado y uno clandestino, donde tales protecciones resultan inexistentes.
El documento presentado por Maranhão advierte sobre las implicaciones de declarar inconstitucional la normativa. El estado sostiene que la prohibición no eliminaría el sector del juego en línea en Brasil, sino que lo impulsaría hacia la clandestinidad, generando consecuencias más graves que las que se buscan prevenir.
Esta argumentación se alinea con análisis económicos que sugieren que las actividades económicas sometidas a demanda sostenida no desaparecen por prohibiciones legales, sino que migran hacia mercados informales donde no existen mecanismos de control ni protección para los consumidores.
La posición de Maranhão enfatiza que el marco regulatorio establecido por la Ley de Apuestas representa la alternativa necesaria para formalizar una actividad que previamente existía de manera informal en Brasil. El estado argumenta que la legalización acompañada de supervisión estatal constituye una política pública más efectiva que la simple prohibición.
El documento concluye solicitando que el STF desestime la demanda de inconstitucionalidad y mantenga la Ley de Apuestas en su totalidad, preservando así el marco legal que permite la regulación, fiscalización y tributación de esta actividad económica en Brasil.
La resolución de esta acción de inconstitucionalidad tendrá consecuencias significativas para el mercado brasileño de apuestas deportivas. Una declaración de inconstitucionalidad podría desmantelar el proceso de regulación que Brasil ha implementado recientemente, mientras que el rechazo de la demanda consolidaría el marco legal vigente.
El debate ante el STF ilustra las tensiones inherentes a la regulación de actividades de juego en Brasil, donde convergen consideraciones de salud pública, generación de ingresos fiscales, formalización económica y protección al consumidor. El resultado de este proceso judicial marcará el rumbo del sector de apuestas en el país sudamericano para los próximos años.