04/08/25 09:38 hs.
Aumenta la presión sobre el Congreso Nacional de Argentina para que resuelva los términos de su Proyecto de Ley de Protección Federal al Juego.
Un mandato sancionado por la Cámara del Congreso a fines de 2024, los comités cívicos aún deben acordar medidas federales para proteger a la sociedad argentina de los trastornos y daños del juego patológico.
El diseño de un nuevo marco debe priorizar la protección de los jóvenes y las familias argentinas, tal como lo defienden firmemente los ejecutivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
“El auge de las apuestas en línea ha superado la regulación”, advirtió el legislador bonaerense Diego Garciarena . “No podemos esperar más. Este proyecto de ley busca proteger a los niños y prevenir una crisis de adicciones antes de que sea demasiado tarde”.
El proyecto de ley, que debería haberse presentado formalmente en el primer semestre de 2025, sigue estancado en las negociaciones legislativas. La creciente frustración entre los diputados refleja este impasse, pues muchos temen que la inacción continuada permita que los daños relacionados con el juego, especialmente entre los menores, se agraven.
“Cada mes que pasa sin que se tomen medidas aumenta el riesgo”, dijo un diputado de la Coalición Cívica. “Ya hemos logrado consensos antes; ahora no hay excusa para que el gobierno federal se demore”.
Legisladores de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Garciarena, han renovado sus llamados a una intervención urgente. Entre las demandas de la provincia de Buenos Aires se incluyen la verificación biométrica de identidad, restricciones de pago a través de billeteras virtuales accesibles para jóvenes y una regulación más estricta de la publicidad de juegos de azar dirigida a menores.
“Si las plataformas pueden verificar la edad de un usuario para vender contenido o alcohol, pueden hacer lo mismo con los juegos de azar”, argumentó Garciarena. “No hay justificación para que esta laguna legal siga abierta”.
La Provincia de Buenos Aires, ante el limitado avance federal, advirtió que podría presentar su propio proyecto de ley local para regular el juego online y proteger a los usuarios vulnerables.
“Buenos Aires no puede quedarse de brazos cruzados mientras los legisladores nacionales discuten sobre el procedimiento”, declaró un portavoz del poder ejecutivo provincial. “Si el Congreso no actúa, nosotros lo haremos”.
Esta medida reflejaría la creciente presión regional sobre el gobierno nacional para que adopte protecciones cohesivas en todas las jurisdicciones.
Las medidas propuestas por la Provincia de Buenos Aires se alinean con un consenso legislativo más amplio alcanzado en la Cámara de Diputados a fines de 2024. Estas incluyen programas de prevención obligatorios, actualizaciones a la Ley Nacional de Juego, la prohibición del acceso de menores a sitios de juego y un código publicitario integral.
Si bien las medidas propuestas por Buenos Aires gozan de amplio apoyo público, los comités cívicos siguen sin estar seguros de si las autoridades argentinas poseen la capacidad institucional y los recursos técnicos para aplicar una supervisión tan estricta, en particular con respecto a las protecciones de los jóvenes frente a la exposición al juego en línea.
“Este mandato contó con un grado excepcional de consenso entre los partidos”, afirmó un miembro de alto rango del Comité de Prevención de Adicciones. “Es una base que no podemos permitirnos ignorar, especialmente con las elecciones a la vuelta de la esquina”.
Con elecciones legislativas programadas para octubre de 2025, existe una preocupación generalizada de que un cambio en la composición de la Cámara de Diputados pueda descarrilar o retrasar el mandato.
“Si no aprobamos este proyecto de ley antes de octubre”, advirtió Garciarena, “podría no sobrevivir al próximo Congreso. Habremos fallado a una generación si eso sucede”.