26/09/24 09:43 hs.
La Caja Social y Financiera de San Luis anunció que tiene previsto convocar a los proveedores de internet para que brinden un reporte sobre el avance de los bloqueos a las páginas de apuestas online ilegales ordenados por la Justicia a través de una medida cautelar.
El director del organismo, Héctor Mazzina, informó al medio local El Chorrillero que para el fin de semana tendrán un panorama más amplio de cómo implementan la resolución.
Según puntualizó, hasta el momento tres proveedores comunicaron que acataron la medida y tomaron los recaudos. Uno de ellos es la Agencia de Ciencia y Tecnología que brinda el servicio a edificios públicos como escuelas, hospitales, comisarías e implementa San Luis a Mil, entre otros.
En declaraciones al medio, Mazzina detalló: «Estamos cerciorándonos de que reciban el mandato judicial. La Agencia es el mayor proveedor de la provincia y los demás proveedores nos pidieron que les reenviáramos la resolución. Están receptivos a cumplir, al menos con quienes hablamos» y agregó que buscarán saber si los oficios se hicieron efectivos o no.
En total son 42 direcciones online que no se encuentran autorizadas por la Caja Social y Financiera de San Luis, organismo que cumple el rol de autoridad de aplicación de las normas que regulan el juego. En tanto que son 21 proveedores que deberán acatar la resolución emitida por el Juzgado de Garantía N° 2 a raíz de la presentación de la Fiscalía de Estado que alertó de la problemática.
Por otra parte, Mazzina señaló que hasta ahora ningún sitio web señalado se comunicó con el organismo: «No hemos tenido contacto con representantes o managers de estas webs. A ello se le suma el problema de que desconocemos dónde están situados porque pueden ser nacionales o internacionales».
La denuncia
En concreto, el número total de empresas que funcionan al margen de la ley y fueron incluidas en la denuncia del organismo estatal se eleva a 42.
La presentación patrocinada por el Fiscal de Estado, Víctor Endeiza está dirigida a los responsables de explotar, administrar, operar o de cualquier manera organizar, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con el permiso de la Caja Social que es la autoridad de aplicación.
La denuncia señala que el papel de estos sitios «deja al descubierto la seguridad de los apostadores, toda vez que, carece de respaldo legal alguno para garantizar seguridad y transparencia a las personas que participan en las actividades que proponen».
«El elemento común a los sitios individualizados es la ausencia de autorización correspondiente otorgada por la autoridad competente (Caja Social). Es esta circunstancia, la que convierte al juego en juego ilegal, configurándose los aspectos típicos de la figura del artículo 301 bis del Código Penal«, fundamentó la fiscalía.
A los efectos de instrumentar la medida, fueron solicitados oficios a los proveedores para que procedan a hacer efectivo el bloqueo. «Dichas medidas se imponen como recurso necesario para evitar que el hecho se perpetúe en el tiempo en atención a que, la conducta endilgada perjudica de modo concreto los intereses de la sociedad y el patrimonio de la administración estatal», asevera la denuncia.
El Gobierno se respalda en la Ley N° V-0866-2013 que regula la explotación del juego de azar dentro del territorio puntano con el objetivo de que se haga de manera responsable y controlada. Allí se establecen los requisitos que deben cumplir las casas de apuestas. Es la Caja Social y Financiera la que tiene a su cargo la gestión, gerenciamiento, administración, comercialización, fiscalización y explotación de los juegos de azar oficializados. Además, es la autoridad de aplicación de las normas.