España va a dar un empujón a partir de la semana próxima a la ley de regulación del juego que la Comisión de Sanidad del Congreso recibió en marzo, según ha avanzado hoy la prensa española.
Según El Periódico de España, este mismo martes se creará la ponencia, que ese mismo día los ponentes verán ya las enmiendas y que es probable que el informe sea una realidad dos días después. Así, la última semana de junio el pleno podría dar luz verde, previa conversión del informe en dictamen, tras ser aprobado por Comisión.
Si no es así, será uno de los puntos que vayan al previsible pleno extraordinario que se convoque en julio, en fecha por determinar, añaden las fuentes consultadas. El Senado recibirá el documento y seguramente lo tramitará con celeridad. Su llegada al BOE podría ser, por tanto, cuestión de pocos meses; si no durante el verano, en cuanto empiece septiembre.
La razón que está detrás, dice el diario español, es que el Gobierno quiere que la ley entre en vigor pronto, por lo que implica y las comunidades autónomas demandan la norma para despejar cualquier sombra de duda en cuanto a su seguridad jurídica.
El PSOE y el PP están de acuerdo tanto en el contenido de la ley como en la necesidad de que entre en vigor pronto, lo mismo que Unidas Podemos, por lo que parece viable que la norma entre en vigor muy pronto.
Transparencia
Ya la norma de 2011 mencionaba, como principio legislativo, la “seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego”, así como la garantía de la normativa sobre su explotación. En la exposición de motivos, el muñidor de la medida, que es el Ministerio de Consumo, recalca que “uno de los fenómenos más preocupantes observados es el del fraude y manipulación de las competiciones deportivas”. Es, a su vez, “una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte”.
Hace un año se cambió la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que era una tarea encomendada por una directiva europea. La modificación versó sobre establecer normas contra “las prácticas de elusión” tributaria relacionadas con la regulación del juego.
La tarea fue asumida por el regulador español. Sin embargo, la lucha contra el fraude requería una segunda entidad y esto es lo que aborda el proyecto legislativo que el Congreso quiere aprobar.
En la misma exposición de motivos se explica que la colaboración en el ámbito contra el fraude en las apuestas deportivas necesita un refuerzo, y no sólo para la eficacia de la acción, sino también para cubrir las lagunas de seguridad jurídica. De ahí que se busque con el proyecto nuevo una “referencia expresa al instrumento técnico en el que los diversos actores interesados en la erradicación de estos fenómenos comparten información”. Su nombre: “Servicio de investigación global del mercado de apuestas”.
Jugadores en reisgo
La modificación de la ley de 2011 consiste en un artículo único dividido en dos apartados. El primero pide añadir al artículo 21 un nuevo epígrafe para “proteger a los grupos de jugadores en riesgo”. El segundo postula una nueva disposición adicional, la novena; aquí se dice cómo trabajará ese Servicio de investigación.
Su objetivo será “la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, por medio del oportuno intercambio de información entre sus participantes”. Se implicarán, a través de una “red de cooperación interactiva y accesible por vía telemática”, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales, los operadores de juego y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Dirección General de Ordenación del Juego suministrará la información sobre lo que considere “susceptible o sospechoso de constituir un fraude” y las fuerzas policiales gestionarán esos datos con las debidas garantías, es decir, conforme a los reglamentos europeos y las leyes nacionales.
El Servicio de Investigación podrá manejar datos personales si constituyen “indicios” de fraude. Tales datos podrán ser los de los teléfonos móviles, los de la competición presuntamente manipulada y sobre los equipos y eventos. Los que bajo ningún concepto podrán estudiar son los que revelen raza, etnia, opiniones políticas, credo religioso, afiliación sindical, orientación sexual, estado de salud o enfermedades. Como máximo estarán un año en poder de los investigadores.
Mecanismos de sanción
Al servicio, además, se le dará poder para que no sean entorpecidas las pesquisas que haya iniciado. La redacción podrá ser modificada si la mayoría pacta enmiendas. Las que han registrado los grupos son de diversa índole. El PSOE y Unidas Podemos han presentado las mismas. Una de ellas apunta a una serie de puntualizaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; serán ajustes en los mecanismos sancionadores.
Ciudadanos, por su parte, pretende restringir la publicidad sobre el juego a los menores y efectúa un planteamiento interesante: fijar un límite de pérdidas diarias en las apuestas. El PNV busca dar potestad a la Ertzaintza en la persecución de prácticas fraudulentas, en tanto que el PP postula un Plan Nacional de Actuación del Sector del Juego. ERC, JxCat y Compromís piden ajustes fiscales en el sector.
Que las propuestas de los grupos, tal y como están escritas o tras ser modificadas como consecuencia de las transacciones, se incorporen al texto es algo que se comprobará la semana que viene en un trámite exprés. Uno más. El Congreso se está acostumbrando a ello, y los diputados también, claro. Si hay consenso, y aquí parece que lo habrá, no surgirán problemas.
Fuente: gamingintelligence.com