El fiscal corporativo de Dreams habló acerca de la denuncia contra Betsson

Carlos Silva, fiscal corporativo de Dreams, cuestionó el desconocimiento que hay sobre las plataformas de juego en línea, que, según la denuncia, operan de forma ilegal en Chile.

A un mes de que Dreams presentase una denuncia contra Betsson, acusando explotación ilegal de juegos de azar, el fiscal corporativo de la empresa operadora de casinos de Chile, resaltó su preocupación acerca del desconocimiento que hay sobre quiénes son las personas detrás de estas plataformas: “No tienen domicilio en Chile, no aparece quiénes son”, dijo Carlos Silva.

A comienzos de marzo, Dreams ingresó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el actual sponsor de Colo Colo. “Venimos a interponer denuncia en contra de todos aquellos quienes resulten responsables en el curso de la investigación ya sea como autor, cómplice o encubridor, por los delitos previstos en los artículos 275, 276 y 277 del Código Penal”, dice la acción judicial.

Tales delitos guardan relación con la explotación ilegal de loterías y juegos de azar, sin contar con autorización de parte de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). “La operación y explotación del sitio web www.betsson.com/cl, con dominio también www.betsson.cl, constituye la transgresión y comisión de los delitos referidos”, indica la denuncia publicada por el sitio local Pulso, firmada por dos ex fiscales: Vinko Fodich y Alejandro Peña.

Un mes después de la presentación, Carlos Silva habló con el medio local Pauta de Negocios, de Radio Pauta y explicó: “En el caso de juegos de casinos, la ley es súper estricta y dice que lo pueden hacer quienes tengan una licencia otorgada por el Estado. Y eso lo hace porque los juegos de apuesta se regulan para garantizar ciertas cosas, por ejemplo, la fe pública, que no le hagan trampa a quien apuesta y le paguen los premios. También se regula lo que está alrededor del juego, como la ludopatía y proteger a los niños. No sabemos qué pasa en estas plataformas”

En ese sentido, el fiscal corporativo de la empresa denunciante, agregó: “Uno cumple la ley, trata de hacer las cosas bien, porque no queremos desarrollar un negocio ilícito. Y de pronto te encuentras con otros que están haciendo las cosas de manera ilícita y uno se siente un poco defraudado porque espera que el Estado los proteja de esas cosas“.

Silva también explicó que los casinos están “regulados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) porque, a nivel mundial, se sabe y hay mucha evidencia de que los juegos de azar pueden prestarse para el lavado de activos […] Estas plataformas no tiene la obligación de informar de situaciones a sospechosas a la UAF”.

En cuanto a las facultades que tiene las autoridades sobre este tipo de asuntos, Silva sostuvo en la entrevista que “la Ley de Casinos dice expresamente que la autoridad debe accionar cuando tome conocimiento de la explotación de juegos casinos por una vía distinta a los que ley establece […] Hasta la fecha, lo que hemos sabido es que cuando la autoridad toma conocimiento, lo deriva al Ministerio Público. Creemos que puede hacer un poco más“, aseguró.

Por último, Silva también hizo referencia a la nueva ley de juego online que podría ser tratada próximamente por los legisladores del país andino y dijo que seguirán de cerca las acciones del Congreso en relación a ese proyecto.

La postura de los sindicatos de Dreams

Tanto la presidenta del sindicato de trabajadores de Dreams Valdivia, Bernardita Patiño, como su par en el casino Dreams Temuco, Mónica Castro, alzaron su voz para manifestar el apoyo de los casineros a la cruzada judicial que motivó la empresa operadora de casinos contra Betsson, acusando explotación ilegal de juegos de azar.

Castro, líder de más de 200 trabajadores del casino de Temuco, se sumó al pedido al nuevo Gobierno para que intervenga de manera “rápida y firme” en torno a este modelo de negocio que, según la denuncia, bajo el rótulo de apuestas deportivas, deriva en juegos de casino. Por ahora, hasta tanto se debata la ley de juego online, dichas operaciones son ilegales en el país andino.

Castro llamó al Gobierno del recientemente asumido presidente Boric a poner el foco en esta situación “porque su promesa siempre fue proteger a trabajadoras y trabajadores y en esta rubro somos más de 28 mil a nivel nacional”.

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