Irregularidades en el Hipódromo de Tandil, a la Justicia de La Plata

Tras el juicio en el que se juzgó la responsabilidad de funcionarios municipales, en irregularidades en el control de la concesión del predio a la empresa Vistas Serranas, se inició ahora una nueva causa.

El juicio celebrado en marzo pasado por irregularidades en la concesión del Hipódromo de Tandil, ubicado en la provincia de Buenos Aires, tiene un nuevo capítulo. A más de un año de su fallo, una nueva causa vinculada pasó ahora a la Justicia de La Plata.

Así lo dispuso el juez de Garantías Nº1, José Alberto Moragas. Fue tras la presentación del abogado defensor de los hijos del fallecido empresario Daniel Blanco, quien planteó la incompetencia de la justicia tandilense, para investigar los hechos. También Jorge Cuenca había lamentado que no se haya pedido investigar la actuación del Intendente Lunghi, a quien calificó como “el garante de todo lo que pasó” y cuestionó duramente al Juez Moragas, “que tiene cajoneadas las causas, cuando hay funcionarios implicados”.

El Juez Moragas manifestó en su escrito que “la presente causa se inicia a partir de la remisión efectuada por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Tandil de los presentes actuados, por considerar que del debate allí desarrollado, surgía la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco y Roberto Berti y por la participación necesaria de Oscar Maggiori, Jorge Norberto Rodríguez, los miembros de la Comisión de Seguimiento y/o cualquier otro funcionario con responsabilidades en la supervisión del hipódromo de Tandil de la Dirección Provincial de Lotería y Casinos”.

El Tribunal falló que aquel juicio “dejó numerosas evidencias, de estas conductas constitutivas de una administración fraudulenta, no solo en cabeza del fallecido Daniel Héctor Blanco, sino también otras personas ligadas a la gerencia de la concesionaria Vistas Serranas, que sin lugar a dudas tuvieron dominio de las acciones defraudatorias y en ocasiones de falsedad ideológica de documentos. Tal el caso de Emiliano Daniel Blanco, Carolina Blanco y Roberto Berti -que se desempeñó como gerente a lo largo de casi toda la concesión-, que sería menester fueran investigadas por lo que voy a sugerir la remisión de copia de la presente a la Fiscalía que corresponda por entender que en ocasión de nuestra función hemos tomado conocimiento de dichos delitos de acción pública”.

“También el juicio ha dejado indicios de conductas ilícitas en cabeza del antecesor en el cargo de Desarrollo Local Oscar Maggiori, quien más allá de haber visto prescripta su causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el presente debate surgieron indiciarios de una participación primaria en la presunta defraudación a la administración pública que habrían llevado a cabo los directivos de dicha empresa Vistas Serranas”.

“Además del delito de falsedad ideológica de instrumento público, cuando el mismo presentó en el consejo deliberante de la ciudad de Tandil documentación especificando que las “obras habían sido hechas” para el año 2007 cuando múltiples evidencias surgidas del debate lo desmintieron tajantemente”, continúa el documento.

En ese marco, el abogado Manuel Marañón, “sostiene que las conductas ilícitas investigadas en relación al otorgamiento, pago del subsidio y/o la aplicación del mismo a los fines determinados por la leyes y reglamentaciones, se han desarrollado en el marco de expedientes administrativos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, o de la Administración General de Hipódromos ambos con sede en esa ciudad de La Plata, teniendo también injerencia la Comisión de Seguimiento creada por la Ley 13253 que funciona en dicha localidad, resultando consecuentemente el ámbito territorial donde se habrían materializados aquellas conductas”, señaló Moragas.

“Efectivamente el otorgamiento, pago y redición de los subsidios a los responsables de la concesión los realizaban en la ciudad de La Plata, agregando que el pago de éstos se efectuaba en forma trimestral a través de diferentes expedientes administrativos llevados a cabo por el Instituto Provincial de Loterías y Casino, en los cuales la parte concesionaria para lograr una nueva libranza de subsidio, debía rendir cuentas respecto al pago de los premios y la inversión realizada con el subsidio de los tres meses anteriores, ello mediante declaraciones juradas y presentación de documental que avalara los gastos, indicando que era allí donde también se provocaba el engaño a la administración pública, a raíz de las falsedades y documental inconsistentes presentada por los responsables de Vistas Serranas”, indicó la resolución fechada este 1 de octubre.

“Sentado lo expuesto, se advierte con claridad que las conductas ilícitas investigadas se consumaron en la localidad de La Plata, toda vez que Vistas Serranas presentaba las rendiciones con el objeto de liberar los pagos trimestrales ante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, ello en el marco de los diferentes expedientes administrativos generados y tramitados ante ese Instituto, donde luego de los controles pertinentes se autorizaba su liquidación”, señaló el magistrado.

El fallo

El año pasado, se conoció el fallo de primera instancia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Tandil, en el marco del juicio que se seguía contra dos exfuncionarios lunghistas, por presuntas irregularidades en el control de la concesión del Hipódromo. El proceso había iniciado en febrero de 2020, luego de una larga instrucción. Se investigó la supuesta complicidad del gobierno municipal con la empresa concesionaria del circo de carreras Vistas Serranas, dado que no se controló el cumplimiento del contrato de concesión y se advirtieron algunas irregularidades, que no fueron sancionadas por el Ejecutivo local.

Como resultado, en abril pasado, quedaron imputados el ex secretario de Desarrollo Económico Local, Pedro Espondaburu, por Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (fue condenado a una multa e inhabilitado por cuatro meses para ejercer cargos públicos); y el ex director de Vialidad, Guillermo Allasia, por «Peculado» (fue absuelto).

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