El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió en ley la nueva reforma contributiva que autoriza las máquinas tragamonedas fuera de los casinos.
La reforma dispone la legalización de 25.000 máquinas tragamonedas que operan en Puerto Rico de forma ilegal y que al momento no aportan al fisco.
El dinero que se recaude de esta medida se utilizará un 50 por ciento para los policías con las pensiones mediante un fideicomiso para mejorar su retiro; un 45 por ciento para ayudar a los municipios mediante la Administración de Seguros de Salud (ASES) para pagar su responsabilidad con el Plan de Salud del Gobierno Vital; y cinco por ciento para los gastos relacionados a operar y mantener el sistema de las tragamonedas.
La Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en ingles) expresó su malestar y señaló que la reforma “canibalizará los ingresos existentes que recibe el gobierno de la operación de casinos”.
“El estudio de Spectrum Gaming Group, comisionado por la Compañía de Turismo, evaluó el impacto de legalizar las tragamonedas fuera de los casinos y concluye que la reducción en los ingresos de los casinos rondaría entre los 149 y 195 millones”, en palabras de Clarisa Jiménez, presidenta de la PRHTA.
“Esto se traduce en pérdidas para la Universidad de Puerto Rico de hasta 35.4 millones anualmente, mientras que el fondo general y la Compañía de Turismo de Puerto Rico perderían hasta 42.5 millones cada año. Aún cuando las tragamonedas produzcan algún recaudo, las pérdidas multimillonarias que proyecta Spectrum van a descuadrar la caja”, añadió.
Fuente: giespanol.com