Luego de la autorización de la Legislatura para que el Gobierno Provincial compre en cerca de 10 millones de dólares el edificio de Ushuaia, para un Centro Cultural, se conoció que el presidente del Instituto Provincial de Apuestas, Abel Galeano, autorizó la cesión de contrato acordada entre Casino Club y Casino Status, mediante la cual la primera firma cede a la segunda el derecho a operar los casinos tradicionales que Casino Club explotaba en Ushuaia y Río Grande, hasta que dispuso el cierre de sus salas de juegos en ambas ciudades, y por las que pagaba un canon de 1,4 millones de pesos al año.
El Casino Club solicitó al IPRA que lo autorizara al cierre por tiempo indefinido del casino de Ushuaia y que le condonara la obligación de pagar el canon de concesión desde el 1 de octubre de este año y hasta el 31 de marzo de 2019, argumentado las pérdidas sufridas por la operación de juegos de azar que ascendieron a los 33 millones durante el ejercicio 2016/2017 y a los 38 millones de pesos a mayo de este año. Esta petición fue denegada en el entendimiento de ambos planteos constituían un incumplimiento al contrato de concesión de los casinos tradicionales de Ushuaia y Río Grande que se extienden hasta abril y septiembre de 2035, respectivamente, y únicamente se le autorizó a mantener por tres meses inoperativo el casino de la capital provincial.
Posteriormente, el Presidente del Directorio de Casino Club, Ricardo Benedicto, y el Socio Gerente de Casino Status, Nazareno Natale, padre del presidente de Vialidad Provincial y cercano a la gobernadora Bertone, formalizaron una presentación ante el IPRA informando de una “cesión de posición contractual” respecto de los derechos de operación y explotación de los casinos de ambas ciudades, por la que Casino Club recibirá 750 mil dólares, y solicitando que el Presidente del Instituto autorice esa cesión, ya que de no contarse con ese visto bueno el acuerdo no sólo carecería de validez sino que también representaría el incumplimiento del contrato entre Casino Club y el IPRA y su posterior recisión.
En las actuaciones intervino el Tribunal de Cuentas, el que comunicó al Presidente del IPRA que “la cesión de la posición contractual resulta viable, siempre que cuente con la autorización expresa del IPRA”; que el cesionario (Casino Status) “cumple con los recaudos exigidos en el pliego de bases y condiciones que rige la contratación original (la de Casino Club).
La validación del IPRA de esa cesión de contrato ya fue otorgada, pero ello no implica la reapertura de las salas de juego cerradas por Casino Club en Ushuaia y Río Grande, sino que directamente crea un monopolio del juego en Tierra del Fuego por parte del Casino Status.
Algunas voces en la provincia sostienen que esta operatoria y la deuda que mantenía la firma propietaria del Casino Club con la provincia, deja en evidencia que el gasto para la compra del edificio en Ushuaia es una operatoria altamente deficitaria para el gobierno, la cual estaba orquestada desde hace tiempo y que a pesar de las deudas de la firma con la empresa se prefirió primero beneficiar al Casino Status y luego afrontar con un gasto desmesurado por un edificio de una firma que mantenía deudas con la provincia y que en algún momento iba a tener que vender el predio a un precio aun menor, dado los costos de mantenimiento.
Fuente: eldiarionuevodia.com.ar