Faina Zurita, en 2014 junto a la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella
El Hipódromo de la Zarzuela pide otro rescate público al Estado mientras ultima el cese de su presidenta
La SEPI y Loterías realizarán a finales de octubre una nueva aportación de fondos para la empresa pública.
Faina Zurita, pariente del rey Felipe colocada por Rajoy al frente de la sociedad estatal en 2012, será relevada como presidenta en las próximas semanas.
Nuevo rescate con dinero público para el Hipódromo de la Zarzuela. La empresa estatal que gestiona este emblemático y deficitario recinto hípico en Madrid ha convocado una junta de accionistas para finales de octubre que tiene como primer punto del orden del día la realización de «aportaciones de socios para restructuración patrimonial de la Sociedad».
En esa asamblea, los accionistas de la empresa deberán aprobar una nueva inyección de capital cuyo importe, a preguntas sobre este asunto, no precisa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dueña del 95,78% de las acciones del hipódromo. El resto pertenece a Loterías y Apuestas del Estado, también adscrita al Ministerio de Hacienda.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 ya preveía para el hipódromo nuevas pérdidas de 4,285 millones de euros y una nueva inyección de 4,4 millones en concepto de «otras aportaciones de socios». Sin embargo, algunas fuentes cifran la aportación necesaria muy por encima de esa cifra, en 7,5 millones.
Este nuevo rescate público se va a producir mientras la SEPI ultima el relevo en la presidencia del hipódromo, que desde 2012 ocupa Faina Zurita. Según avanzó el pasado sábado El País, va a ser sustituida por Álvaro Gutiérrez de la Fuente, un conocido criador y propietario de caballos de carreras. La SEPI, cuyo consejo de administración se reunió el pasado viernes, no confirma ese relevo, ni precisa el importe de la ampliación.
Emparentada con la Familia Real (es sobrina de la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos y tía del rey Felipe), la todavía presidenta de la empresa pública había sobrevivido hasta ahora a la criba de nombramientos que ha llevado a cabo el nuevo Gobierno del PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Zurita ya logró mantenerse en el reducido grupo de ejecutivos de empresas estatales que permanecieron en el cargo durante toda la era del anterior presidente.
El nuevo rescate del hipódromo será, a efectos contables, el primero que se realice en 2018. El pasado 29 de mayo, al aprobar las cuentas de 2017, sus socios ya acordaron destinar otros 6 millones a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y garantizar la viabilidad de la empresa a corto plazo. Pero esa inyección se realizó con cargo a los resultados del año pasado.
En sus últimas cuentas, la empresa seguía culpando de sus malos resultados a la parálisis que sufrió el sector en 2015 por un conflicto con el regulador de las carreras, «que ha perjudicado significativamente a toda la industria» y se ha traducido en «una merma de ingresos muy relevante» que a cierre de 2017 seguía «sin recuperarse».
En 2017, la empresa estatal se anotó nuevas pérdidas de 7,81 millones, lo que eleva los números rojos acumulados bajo la gestión de Zurita a más de 32 millones. Con las pérdidas previstas en los últimos Presupuestos, el quebranto acumulado con ella al frente superará los 36 millones. El hipódromo lleva años reclamando, sin éxito, que se ponga en marcha la denominada apuesta externa, como ya ocurre en Francia o Reino Unido, para incrementar su cifra de negocios.
Entretanto, y para intentar lograr nuevas vías de ingresos, la SEPI colocó en enero pasado en el hipódromo a un exconcejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid), Alfonso Segovia, como director de Desarrollo de Negocio, un puesto de nueva creación.
El hipódromo, cuyo recinto es propiedad de Patrimonio Nacional, está ubicado en el Monte de El Pardo de Madrid y declarado Bien de Interés Cultural. Estuvo en manos privadas hasta que en 1996 echó el cierre tras la desastrosa gestión del empresario Enrique Sarasola. Reabrió sus puertas como empresa pública el 23 de octubre de 2005 por mandato del Congreso y tras una remodelación que costó más de 50 millones. Desde entonces, sus pérdidas acumuladas rondan ya los 50 millones. Nunca ha dado beneficios.
Fuente: eldiario.es