A partir de una denuncia anónima de un quinielero, Fiscalía de Estado quiere saber si hubo un «agujero» en el sistema de captura de apuestas para cobrar premios prescriptos del juego de azar.
Fiscalía de Estado comenzó a investigar una posible estafa millonaria en el Instituto de Juegos y Casinos, a través del cobro irregular de los premios prescriptos en la Quiniela de Mendoza debido a un “agujero” informático en el sistema de captura de apuestas on line en las agencias oficiales.
El hecho irregular saltó por la denuncia anónima de un quinielero en octubre de 2016, pero fue formalizada el pasado 15 de febrero por la Unión Personal de Juegos y Casinos Mendoza, que le pidió averiguar al fiscal Fernando Simón una serie de hechos que afectaría al patrimonio provincial, considerando que el dinero recolectado en la quiniela alimenta los fondos para programas sociales y de salud, pero también a los empleados del organismo.
A partir del tenor de la denuncia, abogados de Fiscalía de Estado se hicieron presentes el viernes pasado en el IPJC para comenzar a recolectar documentación durante cuatro horas.
Desde el organismo de juegos señalaron que no hicieron la denuncia correspondiente porque hasta el momento no tienen pruebas de estas irregularidades y explicaron que, luego de la denuncia, tuvieron que hacer modificaciones en el sistema de cobro.
Los premios prescriptos son aquellas apuestas que resultaron ganadoras pero cuyo plazo para cobrar ya venció y nadie se presentó para hacer efectivo el pago. Cumplido este plazo -en la Quiniela son 15 días hábiles-, estos premios quedan como “ingresos extraordinarios”.
Para entender la magnitud, sólo en premios prescriptos se logra juntar pozos que en algunos casos superarían el millón de pesos.
¿Cómo se habría cometido este “robo hormiga”?
Según la denuncia, luego de que se realiza el sorteo y se establece la cantidad de apuestas premiadas, por el sistema se ingresa en la cuenta de cada agente oficial el monto de premios y se individualiza cada apuesta premiada. Así, los tickets ganadores sólo pueden ser cobrados en esa agencia oficial donde se realizó.
Estas boletas cuentan con dos series de números que sirven para identificar cada apuesta, a modo de control. Es el ID. Ticket. El primero de estos números –de 8 dígitos- figura en los listados que emite el sistema para identificar las boletas premiadas. La otra cifra –de 16 dígitos- sólo figuran en la boleta que se entrega al apostador. Esto asegura que el premio sólo puede ser descargado del sistema teniendo a la vista la boleta premiada.
Una vez realizado el pago de premios y descargado del sistema, el agente oficial de quiniela debe remitir la boleta al IPJC en un plazo de 24 horas de realizada la descarga, para que la boleta premiada y pagada quede en el organismo de juegos como documentación oficial y comprobante del pago.
Si el apostador no fue a cobrar su premio en los 15 días corridos, esa apuesta ganadora pasa a formar parte del fondo de los premios prescriptos, a través del débito que realiza el IPJC a la cuenta del quinielero para reintegrarlo a las arcas estatales.
Dado que el sistema de apuestas es innominado, los premios se otorgan al portador del ticket ganador.
La denuncia verbal del agenciero apuntaba que el sistema había quedado “abierto”: se podía cobrar sin contar con el ticket original. En otras palabras, que se podían descargar del sistema los premios pero sin la obligación de ingresar la segunda serie numérica de seguridad que posee la boleta del ganador.
El cobro se realizaba el día del vencimiento y se descargaban aquellos boletos premiados que no habían sido cobrados, ingresando sólo la primera serie numérica. Por esto, la sospecha es que tampoco se habrían remitido los comprobantes originales al IPJC.
Se trata de montos pequeños, según confirmaron en el organismo que preside Josefina Canale. Por eso los definen como “robo hormiga”.
La empresa del sistema otra vez en la mira
Por esto, la denuncia también apunta contra la empresa Ivisa, que es la empresa a cargo del sistema de captura de apuestas on line, ya que no estarían dadas las condiciones de seguridad obligatorias.
Esta firma está a cargo desde hace 15 años y durante la gestión justicialista se le dio la prórroga del contrato luego de una primera licitación que terminó en escándalo porque las dos oferentes –entre ellas, Ivisa- había aumentado el cánon de retención por apuesta. Aquella licitación se terminó cayendo porque implicaba un perjuicio para el Estado, por lo que se hizo un segundo concurso donde Ivisa fue la única en competir pero con una oferta mejor.
Según lo denunciado por el gremio, consideran que esta estafa los perjudica directamente puesto que el 65 por ciento de los premios prescriptos está destinado por acuerdo paritario a los trabajadores del organismo como bonificación en el sueldo. En tanto, el 35 por ciento restante vuelve a las arcas del Estado como ganancia para ser dirigido a programas de salud y sociales.
Casinos ya ha empezado una auditoría interna
Canale reconoció que el problema es “relativamente grave” pero luego de la denuncia anónima hecha en octubre de 2016 el organismo no hizo ninguna presentación formal, ya sea ante el organismo de control –Fiscalía de Estado- o ante la Justicia penal. En este caso, la funcionaria argumentó que se trata de un caso complejo y que hasta el momento no tienen pruebas de que se haya cometido una estafa con los premios prescriptos.
Según explicó Canale a El Sol, con la Dirección de Lotería – a cargo de Jorge Quiroga- se decidió cambiar el sistema de control para que los agencieros tuvieran que presentar el resumen diario de tickets al día siguiente, en lugar del horario de cierre habitual.
“De haber sucedido esas situaciones, que los agencieros cobren premios prescriptos, ya no pueden suceder desde octubre del año pasado”, explicó Canale.
Por ende, desde el organismo han decidido hacer una auditoría externa para controlar, por un lado, a los agencieros –son alrededor de 280 agencias oficiales y más de 700 subagencias en toda la provincia – y a Ivisa.
En el caso de los agencieros, se les está pidiendo que presenten toda la documentación para constatar los movimientos. Si se comprueba la estafa, se les retirará la licencia y se avanzará con una denuncia penal.
Pero también contra Ivisa, el IPJC está analizando imponerle una sanción económica por este posible “agujero” en el sistema de captura de apuestas. Además, como se le prorrogó los plazos de la anterior licitación, Canale adelantó que se la emplazará a cumplir con plazos reales porque no estaría cumpliendo con los pliegos.
“Se está estudiando, porque todavía no tenemos un perjuicio tangible cierto. Legales está analizando si se le puede poner una multa porque nunca hicieron una revisión del software”, sostuvo la titular del organismo.
Desde la provincia aseguran que, si bien los montos son pequeños, estiman que el daño en conjunto sería grande debido a que no se sabe desde cuándo ocurre.
“Era complejo y más tarde o más temprano hubiera saltado. Pensamos que están haciendo robo hormiga desde 1999 y todavía no encontramos nada. Hay que revisar ticket por ticket y contrastarlo con las cuentas bancarias”, indicó Canale.
Casinos tiene que guardar la documentación por un tiempo de diez años, según obligan los organismos de contralor.
Así, comenzarán con la revisión de los tickets de premios prescriptos desde octubre de 2016 hasta octubre de 2006, aunque Ivisa opera desde 1999 con la Provincia en el sistema de captura de apuestas.
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