Resolución de la Suprema definirá nuevo plazo que tendrán los interesados para presentar ofertas, fallo que podría agravar aún más el panorama. En la industria piden modificaciones en los plazos, vía una ley corta, mientras en la Superintendencia dicen que no es necesario.
Tres meses han transcurridos desde que la Superintendencia de Casinos (SCJ) decidiera postergar la presentación de ofertas para la adjudicación de casinos municipales, mientras no se resuelvan los recursos de protección interpuestos por Enjoy y Marina del Sol. Es que la orden de no innovar decretada por la Corte de Apelaciones puso en stand by el proceso, agregándole un nuevo retraso a la licitación de casinos municipales, salas cuyas licencias terminan el 31 de diciembre de 2017. Pese a ese tope, hoy el consenso es claro: el retraso en el proceso es de más de un año, por lo cual será imposible empalmar las antiguas licencias municipales con la nueva operación que se adjudique.
El 11 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial la nueva ley de Casinos. Dado ello -y entendiendo que eran 120 días desde su publicación- la licitacion de casinos municipales debía partir el 10 de diciembre de ese año, lo que sin embargo ocurrió el 13 de mayo de 2016. Así el proceso ya partió tarde a lo que se sumó está nueva paralización a la espera que la Corte Suprema -a la que llegó la superintendencia ante el falló de la Corte de Apelaciones- se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Frente a este escenario de incertidumbre, ya hay voces que ven como única salida la dictación de una ley corta que modifique los plazos, permitiendo que los contratos vigentes se extiendan más allá del 31 de diciembre de 2017. Si bien entre los operadores hay unanimidad respecto a esta solución, fuentes conocedoras del proceso subrayan que el Gobierno no permitiría eso, puesto que sería abrirle una ventana a la industria para en ese proceso de ley corta mejorar la actual normativa -que ha sido duramente cuestionada- junto con reconocer un error en el proceso. Además, según explican en la superintendencia, la propia ley entrega la solución. “La Ley de Casinos vigente establece, en el artículo 2° transitorio y en el artículo 3° transitorio, el plazo de caducidad para parte de la normativa aplicable a los casinos municipales, pero no se refiere en ningún caso a su operación”.
Por el contrario, señala la SCJ, es “claro en indicar que los casinos municipales podrán seguir operando en las condiciones convenidas con la municipalidad hasta la fecha que se dé inicio a la operación de los nuevos permisos otorgados por la Superintendencia, sin indicar una fecha límite para ello”. No corresponde otra interpretación legal al respecto”, sentencian. Algunos actores del mercado plantean que el tiempo óptimo sería extender las licencias de los operadores por dos años más, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2019.
Ahora bien, otras fuentes explica que ello podría abrir una nueva arista en la discusión, pues de extenderse la operación de los casinos municipales a los actuales operadores, ronda con fuerza la posibilidad de que actores que forman parte de la nueva industria exijan prorroga similar a sus concesiones, cuya duración es de 15 años.
Más allá del retraso de un año que ya arrastra el proceso, el próxima fallo de la Corte respecto a los recursos de protección podría agravar aún más el panorama. En el caso de que el máximo tribunal determiné que no existen ilegalidades en las bases de licitación, éstas se mantendrían sin modificaciones y se debería reiniciar el proceso desde la fecha en que fue suspendido -a fines de octubre de 2016.
Pero en el caso que la Corte resuelva que sí hay ilegalidades, la SCJ deberá modificarlas al tenor de lo resuelto en el fallo y el proceso debería comenzar de nuevo. En ambos escenarios, plantean desde el sector, se concluye que no es posible que una sociedad que obtenga el permiso de operación esté en condiciones de tener en funcionamiento el casino de juego el 1 de enero de 2018.
Al respecto, la SCJ señala que “el contenido del fallo puede abrir un sinnúmero de escenarios, por lo que sólo una vez que se pronuncie la Corte Suprema, la superintendencia informará del procedimiento y los plazos para la adjudicación de estos permisos”.
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