Algo sobre lo que venimos editorializando en Juegos&Negocios desde hace tiempo, en estos días provocó un verdadero estallido mediático y que se alzaran muchas voces. La posibilidad cierta de que se carguen sobre las espaldas del sector los costos de las políticas económicas, tiene en vilo a toda la industria y a tenido amplia repercusión en la opinión pública y en los medios de prensa del país y del mundo.
Si bien y a primer golpe de vista pareciera tratarse solamente de una discusión de índole impositivo y sus posibles consecuencias, no deberíamos dejar de atender las repercusiones que tiene en la opinión pública. Porque toda vez que del juego se trata, se activan los centros de información y de quienes manejan las corrientes de opinión en las redes sociales, haciendo aparecer al juego oficial como madre de todos los vicios y generadora de incontables y dudosos ingresos. Y todo un ejército de desinformadores -por culpa o pereza- replican la cantinela. El sector en general y algunos de sus actores deberían tomar nota más seriamente sobre este accionar.
Pero no está todo dicho. Hasta ayer bien tarde, se negociaba voto a voto en la difícil pelea por Ganancias.
Gobernadores alineados con la Rosada salieron a rechazar las iniciativas opositoras y a pocas horas de la sesión el oficialismo aun no logra asegurarse los 129 votos que necesita
Hoy se llevará a cabo de una de las sesiones más complejas para el oficialismo en la Cámara de Diputados, y hasta altas horas de ayer el interbloque Cambiemos seguía buscando anudar una mayoría sólida que respalde su proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias. En un escenario de presiones cruzadas, el sindicato de juegos de azar anunció una huelga por tiempo indeterminado desde hoy para rechazar la creación de un impuesto sobre las tragamonedas, mientras los gobernadores afines a la Casa Rosada manifestaron su apoyo a la iniciativa oficial, en desmedro de las propuestas del peronismo.
El objetivo último del Gobierno es que el proyecto que resulte aprobado en el Congreso tenga el menor costo fiscal posible. Por ello, apeló a su estrategia habitual sobre los gobernadores para intentar por goteo alcanzar los 129 votos que necesita en Diputados. Si no lo logra, espera que sean también los mandatarios los que definan cambios en el Senado, en línea con los deseos de la Casa Rosada.
Durante el fin de semana, los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Ricardo Colombi; y de Santa Fe, Miguel Lifschitz, expresaron su preocupación por la discusión que, en mayor o menor medida, terminará afectando los recursos coparticipables. De ellos, sólo el santafesino consideró que «el salario no es ganancia y debiera estar exento de pagar el impuesto», aunque en declaraciones al programa Toma y Daca, en Radio del Plata, advirtió: «Hay que liberar a los sueldos bajos y medios sin desfinanciar las provincias».
Schiaretti también eligió palabras medidas al referirse al tema y en un comunicado resaltó que «más que discutir el monto de mínimo no imponible, lo que se debe contemplar es que quien lo supere por un peso no tenga que pagar el 35%». Respaldó así la propuesta oficial, cuyo aspecto más interesante es la actualización y el gradualismo de las escalas.
Colombi, en cambio, cargó con dureza contra Sergio Massa, el líder del Frente Renovador que empujó al Gobierno a discutir el tema antes de fin de año y que propuso una reforma mucho más ambiciosa que la de la Casa Rosada. «Presenta proyectos demagógicos que hoy son de imposible cumplimiento», se quejó el correntino al hablar por radio El Mundo del diputado.
El Gobierno propone una suba del mínimo no imponible del 15% ?dos puntos por debajo de la inflación proyectada en el Presupuesto 2017?, profundiza el gradualismo en las escalas y propone crear el impuesto sobre las tragamonedas y una actualización del régimen de monotributo. El mínimo no imponible quedaría en $ 21.790 para solteros y en casi $ 30.000 para casados con dos hijos, aunque son montos atados a las deducciones que pueda realizar cada trabajador.
El PJ-Frente para la Victoria, por su parte, propone que el 10% de los mayores ingresos quede afectado por el gravamen y que la línea de corte sea definida por la AFIP; mientras que Frente Renovador y el bloque Justicialista quieren elevar el mínimo no imponible en un 60%, lo que dejaría un piso de $ 35.000 para solteros y $ 48.000 para casados con dos hijos.
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