Vigente desde la semana pasada, la Ley 8.850 dispone que los funcionarios tucumanos se realicen un análisis de detección de drogas en orina.
La norma fue aprobada en marzo por la Cámara, y fue publicada en el Boletín Oficial el jueves pasado. A partir de allí los titulares del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial quedaron en condiciones de reglamentar su aplicación interna.
La ley establece la carencia de consumo de sustancias ilegales como condición para la continuidad en el cargo. Las sustancias que se examinan comprenden cocaína, anfetaminas, marihuana, morfina, entre otras.
Precisamente y en cumplimiento de la Ley, el Interventor de Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, se sometió al análisis de drogas con resultados negativos. Cabe Destacar que el Interventor Cortalezzi está entre los tres primeros que se pusieron a disposición para la realización del estudio clínico.