Los legisladores provinciales Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal), Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Juan Pablo Quinteros (Cambiemos) presentarán hoy nuevas pruebas documentales ante el fiscal Gustavo Dalma, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del hotel Ansenuza de Miramar.
En diálogo con Cadena 3, García Elorrio sostuvo: «Aportaremos al fiscal toda la documentación de la segunda licitación del nuevo directorio de la Lotería –que además está disponible en Internet–».
Y agregó: «También brindaremos otra documentación que demuestra acabadamente que las obras no se hicieron en los plazos estimados».
«Al construirse 30 habitaciones nuevas –es decir una obra melliza a la anterior– por parte del nuevo directorio quedó al descubierto cómo el anterior actuó en desprecio de los intereses de la Lotería», expresó.
«En primer lugar, hicieron un concurso de precios sin ningún tipo de publicidad, sin base económica de la obra. Entonces han sido los empresarios que ejecutaron el trabajo los que pusieron condiciones y precios, sin control de la Lotería», contó.
«En cambio, en la segunda parte de la construcción, el nuevo directorio ordenó que se hiciera con publicidad, con base económica. Para esto, la Dirección Provincial de Arquitectura trabajó prolijamente para determinar el precio de obra», dijo.
Y continuó: «De esta forma, cuando los empresarios se fueron con precios desproporcionados, los hicieron bajar. La Lotería bajó a uno 12 millones de pesos en 15 días».
En este sentido, remarcó: «El primer directorio no sólo no publicitó el concurso de precios, tampoco le puso base económica y además al que ganó por tener el mejor precio no le dio la obra argumentando que no garantizaban la construcción de la obra en tres meses. Por el contrario se la dieron al segundo, que era exageradamente más caro y que encima hizo la obra en nueve meses».
Para García Elorrio, advirtió que hay documentos que tienen datos totalmente inexactos, «por ejemplo el contrato de la obra del hotel que afirma que se gastaron 71 millones de pesos cuando se sabe que se gastó 350 millones de pesos, es decir, el número que redactaron es cuatro veces menor que la realidad».
«Hacerse documentos con datos inexactos significa que podrían haberse colocado ex profeso», indicó y dijo que esta podría ser el delito por el cual se los puede juzgar.
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