El proyecto se reduce hasta una sexta parte de lo previsto inicialmente para lograr el consenso entre CDC y ERC
En septiembre de 2012 Cataluña acababa de perder ante Madrid la multimillonaria inversión que, supuestamente, debía generar Eurovegas.
El magnate Sheldon Adelson había priorizado los gestos de Esperanza Aguirre a los cálculos y balances de Andreu Mas-Colell.
“No me sorprende que prefieran Madrid, es más abierta que Barcelona”, dijo la entonces presidenta madrileña. La Generalitat preparó su desquite y en una entrevista radiofónica Artur Mas avanzó que “alguna otra cosa” se haría en Cataluña.
La “cosa” salió de la chistera del promotor valenciano Enrique Bañuelos y de su empresa Veremonte. El tiburón valenciano del ladrillo, que llegó a figurar por delante de las Koplowitz y de Emilio Botín en la lista Forbes de multimillonarios, socorría al ejecutivo catalán con un plan para levantar una colosal ciudad del juego en 600 hectáreas de terreno junto al parque Port Aventura.
Las cifras eran deslumbrantes: 4.700 millones de euros de inversión y 20.000 puestos de trabajo directos. Sobre el papel, el plan era perfecto. Permitía a la Generalitat presumir de destreza negociadora, Bañuelos regresaba a la palestra por todo lo alto tras el estrépito bursátil de Astroc y, de paso, La Caixa se libraba de unos terrenos de difícil gestión.
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