La empresa actuó contra la titular de la repartición, Josefina Canale, y la directora, María Mercedes Rus, por “omisión de los deberes” de funcionario público. Fueron acusadas tras dejar fuera a Sielcon, por “graves irregularidades”.
La decisión del Instituto de Juegos y Casino (IPJC) de suspender una licitación, le valió a funcionarios del Gobierno de Alfredo Cornejo enfrentar la primera demanda penal de su corta historia.
Se trata de la denuncia que la empresa Sielcon SRL hizo contra la actual presidenta de ese organismo, Josefina Canale, y su directora, María Mercedes Rus.
A ambas se las acusa de “omisión de los deberes de funcionario público”, precisamente tras haber ordenado la suspensión, “por graves irregularidades”, de la licitación que esa empresa tenía adjudicada para ejercer el control de máquinas tragamonedas en las salas de juego.
Según Canale, hubo “varias irregularidades” en el accionar de Sielcon, que incluso provocaron diversas denuncias ante la Fiscalía de Estado. Pero la más grave, que hasta reviste la posibilidad de rescindir la adjudicación, fue una “cesión de contrato” de la empresa adjudicataria, a otro grupo empresario.
“La licitación salió a favor de Sielcon pero después las facturas llegaron a nombre de Fideicomiso Sielcon Mendoza”, explicó la funcionaria. Ese fideicomiso está integrado, además de Sielcon, por ASA S. A. y por Oiche S. A.
“Decidimos suspender por 10 días para que hicieran su descargo y nos contestaron con una medida cautelar y con la denuncia penal”, indicó la funcionaria.
La suspensión se decidió a mediados de abril y el pasado 28, junto a la emisión de su descargo, y a la par de haber denunciado a las funcionarias del Casino, presentó ante la Justicia civil un amparo, quejándose del accionar del Gobierno. Además interpuso una cautelar para que se levantase la suspensión.
Ayer se supo que el titular del juzgado Civil 16, Ricardo Mirábile, rechazó esa cautelar, por lo que la suspensión persiste.
Sin embargo, la denuncia penal persiste y hoy Canale y Rus, tienen planeado presentarse ante el fiscal de delitos complejos, Santiago Garay, para dar su versión.
Una licitación irregular
Los Andes intentó infructuosamente contactarse con la empresa o con sus abogados, Diego Lavado y Lucas Lecour.
Así que sólo con la versión del Estado, se supo que la adjudicación de la licitación 1043/14/907, se produjo a favor de Sielcon SRL en enero de 2015. El contrato implicó una inversión mensual de $ 2 millones, durante 10 años.
Y la tarea de la empresa -confirmado por ésta en un comunicado donde advirtió que iría judicialmente contra el Instituto- era “proveer un sistema ‘on line’ en tiempo real para todas las máquinas automáticas de apuestas, instaladas y/o a instalarse” en Mendoza.
Esa tarea implica, entre otras cosas, el cableado y la conexión de las distintas tragamonedas en las salas, lo que constaba de 2 etapas.
La primera, para las máquinas del sector público (casa central y anexos). La segunda, para el sector privado.
La primera etapa debía terminar el 21 de setiembre, aunque el informe de la empresa llegó al Casino el 4 de noviembre. Para aprobar esa tarea, se requiere la certificación de distintas instancias del Instituto. Sin embargo, ni la Gerencia de Fiscalización ni la de Cómputos entregaron ese certificado.
Sólo dio su visto bueno la Unidad Técnica de Mercado y Juego, aunque, llamativamente, el 14 de diciembre, ya con una nueva gestión provincial, esa gerencia se rectificó y no accedió a certificar la tarea de Sielcon. Desde el IPJC informaron que la empresa cumplió “con el 90%” de esa primera etapa.
El fideicomiso
Pero esa irregularidad no fue la única. “Cuando asumimos vimos varios cuestionamientos en Fiscalía de Estado”, explicó Rus, quien igual que Canale, confirmó que eso llevó a armar “una comisión” para estudiar la situación. Fue ese cuerpo el que descubrió “lo más grave”, la cesión del contrato al fideicomiso.
Es que según el artículo 38 del pliego licitatorio, el adjudicatario “no podrá ceder contrato sin autorización previa del Instituto”. En abril de 2015, la empresa avisó al Instituto de su decisión de ceder el contrato, pero lo hizo con el fideicomiso ya integrado.
La facturación también fue irregular. Las dos primeras facturas -de $ 800 mil cada una- correspondieron a octubre y noviembre y llegaron en diciembre, pero a nombre del Fideicomiso, no de la empresa con la que se firmó el contrato.
Aún no está dicha la última palabra, pero está claro que en el ánimo del Gobierno no está seguir adelante con esta licitación. Sobre todo porque desde su entender, “permitir estas irregularidades sí sería incumplir con los deberes de funcionario público”, aseguró Canale.
Las sospechas en torno al grupo Vila-Manzano
Se sabe que el grupo Vila Manzano, a través de Mendoza Central Entretenimientos, posee la concesión de las máquinas tragamonedas de la casa central del Casino.
En el Fideicomiso Sielcon Mendoza, aparecen otras empresas, junto a Sielcon, ASA Internacional S.A. y Oiche S.A.
No se sabe si Vila-Manzano integra el fideicomiso. Pero hay quien relaciona al apoderado de ASA, Diego Corvalán, con cierto pasado en el Grupo UNO.
Por otro lado, se cuenta que un trabajador del Fideicomiso que ingresó a los casinos para hacer las conexiones, tenía la cobertura de ART en su calidad de empleado de Supercanal, otra empresa de Vila-Manzano.
En tanto, algunos empresarios de los casinos privados mostraron su reticencia a que el fideicomiso controlara sus máquinas, porque decían sospechar la presencia de “un competidor” en esos controles.