La Justicia le hizo un guiño al gobierno de la ciudad en su batalla por el control de lo que sucede adentro del Hipódromo de Palermo y de los casinos flotantes en la Costanera, concesión en la cual participa Cristóbal López.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, rechazó una medida cautelar que le prohibía a la administración de Horacio Rodríguez Larreta inspeccionar o habilitar las instalaciones del hipódromo y los barcos Princess y Estrella de la Fortuna. El fallo se sumó a la decisión que tomó la Corte Suprema en noviembre último, por la cual se había restablecido el poder de policía.
Así, el gobierno porteño tiene ahora una función clave para supervisar el cumplimiento de normas legales dentro del Hipódromo y los casinos flotantes.
Pese a que destacaron la resolución como un «paso adelante», desde Lotería anticiparon que López y su socio, Federico de Achával, aún cuentan con herramientas para dilatar la puesta en marcha de la medida. En ese sentido, advirtieron que están alertas a lo que pueda suceder con la apelación del fallo.
Pero la pelea de fondo aún está por definirse. El primer paso es recuperar la plata que -según el gobierno de la ciudad- el empresario adeuda en concepto de ingresos brutos, que son unos 4000 millones de pesos. Con ese objetivo el Gobierno dispuso un plan para desarticular la madeja legal que desarrolló López. Pero los concesionarios desconocen esa deuda sobre la base de que el Hipódromo «es un predio federal y los barcos se encuentran en el agua que, claramente, no es jurisdicción» de la Ciudad.
En segundo término, la intención del Gobierno, a través de Lotería Nacional, es aumentar los cánones que la Ciudad percibe por la explotación de las concesiones. Hoy los casinos flotantes aportan el 20% de lo que recaudan, mientras que el Hipódromo alcanza el 30%.
«Es una miseria», confiaron a LA NACION fuentes cercanas a la operación. La intención es llevar los cánones a 35 o 40%.
Fuentes del Hipódromo y los barcos anclados en la Costanera sostuvieron que aún está vigente una medida cautelar que presentaron los trabajadores nucleados en el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara). Para Lotería, en cambio, la medida cautelar sólo impide que se cambien los concesionarios; en este caso, el gremio defendió la posición de López y De Achával, la patronal.
El fallo llegó cinco días después de que el Gobierno intimó a los empresarios a que retiren todos los cajeros automáticos del Hipódromo y los dos casinos flotantes en la Costanera. E, incluso, restringieron el uso de las instalaciones de esos predios para la organización de fiestas y eventos.
«No entendemos el hostigamiento. Notamos un empecinamiento y una marcada intencionalidad en instalar en la opinión pública la sensación de incumplimiento en el desarrollo de nuestra actividad», dijeron a LA NACION fuentes del Hipódromo de Palermo.
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