Aún no se conforma la Comisión de Juegos y Casinos. Piden que se estudie legajo por legajo.
La polémica por la finalización de 80 contratos que no fueron renovados en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) sigue latente. Este miércoles por la mañana, 3 ex empleados se encadenaron en la puerta del Casino de Mendoza, mientras que parte del sindicato conducido por Miguel Caín se dirigieron hacia la Legislatura para pedir a los bloques políticos que traten el tema sobre tablas.
Caín expresó que los despidos se realizaron de manera injusta, ya que los pases a planta de los empleados “fueron firmados por Miguel Bondino”, actual legislador radical, quien se desempeñaba como miembro del Directorio del IPJyC; así como también “fue ratificado por la Legislatura”.
Asimismo adelantó que pedirán a la Comisión de Juegos y Casinos (que todavía no se conforma) que se estudie legajo por legajo “para comprobar que no son ñoquis los 80 que echaron”; y también que los reclamos se realizarán en todos los demás departamentos.
En tanto, Carlos Bianchinelli, quien se desempeñó como director hasta diciembre, señaló a la actual directora, Josefina Canale, como una “mentirosa compulsiva” y que se está justificando la política de echar gente.
Además sostuvo que todos los aumentos que se realizaron fueron en el marco paritario, ya que el IPJyC está atado a la Administración Central. “Dicen que hay sueldos muy altos. Nosotros siempre trabajamos para acercar los sueldos más bajos con los que más ganan”, expresó Bianchinelli.
No obstante, con respecto al aporte que debía hacer el IPJyC el año pasado –el plazo vence a fines de marzo- de 175 millones de pesos, y en los cuales sólo se aportaron 66,5 millones, el legislador defendió su gestión y dijo que el 35% de las ganancias netas fueron destinadas al Ministerio de Salud, así como también se destinaron fondos a impuestos municipales y provinciales. “Si se sacan todos esos gastos y aportes llegarán a los millones que dicen que faltan”, acotó Bianchinelli.
Por último, desde el oficialismo, quien salió a hablar fue Alejandro Molero, el jefe de bloque del Senado, quien indicó que de los 84 con contratos temporarios que no se les iban a renovar los contratos, 4 sí seguirán en su trabajo (3 mujeres embarazadas y un hombre que fue padre recientemente).
Molero sostuvo también que se está realizando una “reingeniería” del IPJyC ya que “hay muchos trabajadores a quienes no se les asignaron tareas en los últimos años, siendo ‘ñoquis forzados’”. Es por eso que a este grupo de trabajadores se les asignará la tarea que realizaban quienes se quedaron sin contrato.
En tanto, puso en foco la reducción del aporte social que hizo el Instituto al gobierno provincial (de 175 millones que debían aportar sólo se dieron 66,5). “Esta sobredimensión, falta de control y eficiencia hizo mella en las otras funciones que lleva a cabo el Casino. Venimos a optimizar los recursos del Estado y poner transparencia sobre 8 años de gestión en la que hicieron lo contrario”, finalizó.
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