Abogado alega que los aparatos que se operaban cumplían con la ley
El presidente de Empresas Puertorriqueñas de Recreación Comercial (Emprecom), Pedro Javier Rivera, indicó este lunes que las acusaciones que anunció la semana pasada el Departamento de Justicia (DJ) contra 32 personas por la operación de casinos clandestinos responden a una supuesta intención del Gobierno de favorecer a una compañía extranjera con contratos para la administración de su sistema de máquinas de entretenimiento para adultos.
La semana pasada, el director de la División Contra el Crimen Organizado del DJ, Sergio Rubio Paredes, informó que se presentaron 98 denuncias en el Tribunal de San Juan contra 10 dueños de corporaciones dedicadas al uso ilícito de las máquinas de juegos, un administrador y 21 empleados de estas compañías que pagaban premios a los usuarios, en violación a la Ley de Juegos de Azar.
Según explicó Rubio Paredes en conferencia de prensa, desde julio del 2014, por virtud de la Ley 77-2014, no solo es ilegal pagar premios, sino que tampoco se pueden instalar estas máquinas en tiendas por departamentos, farmacias, panaderías, gasolineras, supermercados, megatiendas, cadenas de tiendas o restaurantes, hospitales, oficinas profesionales e instalaciones del Gobierno.
Hoy, Rivera alegó en conferencia de prensa en la panadería Imperial en Puerta de Tierra, San Juan, que esos cargos presentados por el DJ responden también a la oposición que este sector ha expresado contra el Impuesto al Valor Añadido (IVA). Anticipó que el próximo paso del Gobierno será intervenir con establecimientos como panaderías y gasolineras para sacar las máquinas de juego, y en su lugar, supuestamente, colocar las que administra una compañía que identificaron como Scientific Games, “porque ya tienen el sistema”, que según dijo es el mismo que se emplea para el servicio de Lotería Electrónica.
Rivera además cuestionó los cargos que se presentaron al grupo de acusados, que incluye a una agente de la Policía estatal, identificada como Wanda Echevarría Cruz, y al oficial Jaime Ortiz Santiago, de la Policía Municipal de Cayey; y alegó que las máquinas que estos operaban cumplían con la ley.
“En todos los casos que se sometieron, llamó la atención que los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales tuvieron que aceptar – a preguntas nuestras – que todos los negocios tenían patentes municipales, que todas las máquinas tenían permisos de Hacienda, que los negocios tenían permisos de uso”, expresó el abogado Michael Corona, quien junto al licenciado Efraín González, lleva la defensa de los imputados.
Corona y González fueron más lejos, y dijeron que las personas investigadas por Justicia fueron víctimas de “carpeteo”.
“Se les entregaba a los jueces unas carpetas con las fotos que vienen del récord público de cada una de las personas imputadas y estamos hablando de personas que tienen el récord limpio, que nunca han tenido problemas con la ley, y aparecen carpeteados en esos expedientes”, dijo Corona.
El letrado, además, dijo no entender las bases del Estado para imputar a los involucrados debido a que todos están en ley, según consta de los documentos y permisos que se les requiere para operación de las máquinas tragamonedas.
“Yo no veo nada ilegal aquí. Ellos dicen: ‘no, que las máquinas dan premios’. Por lo menos las que yo he visto no dan premio. Por lo tanto, no veo la ilegalidad. Que ellos quieran decir que es totalmente ilegal para sacar esta industria del medio y poner otra, pues ahí me hace sentido, pero no veo la ilegalidad porque ellos aceptan el dinero de los comerciantes al solicitar los permisos, lo aceptan de lo más bien”, sentenció.
En la rueda de prensa de la semana pasada, Rubio Paredes estableció que “si usted es dueño de un garaje de gasolina, y tiene máquinas de estas, está cometiendo delito, y en cualquier momento las autoridades, entiéndase el Negociado de Investigaciones Especiales, va a estar llegando hasta su negocio y va a estar interviniendo con usted, y usted va a acabar acusado y va a acabar pagando unas multas, y se va a exponer a un montón de sanciones que tiene la ley en relación con su negocio”.
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