Triplica multas y otorga a las autoridades la opción de investigar patrimonios.
La iniciativa extiende, además, a todas las salas la posibilidad de ofrecer más dinero a las comunas en las licitaciones y no solo a operadores que quieran concursar por las licencias municipales.
No solo los operadores que quieran competir por las actuales licencias de casinos municipales estarán sujetos a la posibilidad de obtener un mayor puntaje si es que ofrecen entregar más recursos al municipio respectivo. Por el contrario, a medida que los permisos restantes vayan venciendo también deberán presentar una oferta económica, correspondiente a una suma de dinero a pagar a la comuna, adicional a lo que establece la ley (10% de los ingresos). La idea es que toda la industria se rija por el sistema de oferta económica.
Esta es una de las tantas modificaciones que incluye el proyecto de ley que modifica la actual Ley de Casinos. El jueves, el Gobierno ingresó la iniciativa al Congreso, y si bien hasta ayer no era público, «El Mercurio» accedió al documento que será analizado recién en marzo.
El proyecto, además de plantear la extensión de las licencias municipales hasta 2017 y otorgar la calidad de sede por un plazo mínimo de 45 años a las siete ciudades donde hoy se emplazan estos casinos, otorga más facultades a la Superintendencia de Casinos (SCJ). Actualmente, los accionistas de un proyecto solo deben justificar el origen de los fondos de la sociedad que levantará el inmueble. Ahora, el organismo contará con las facultades para investigar el origen de todo el patrimonio de los accionistas cuando lo estime pertinente. Además, se incorporará un listado de situaciones bajo las cuales la Superintendencia podrá no precalificar a una sociedad postulante, tales como mantener deudas impagas con el fisco, entregar antecedentes falsos o incompletos, entre otros.
La iniciativa también se hace cargo de los períodos de iniciación de un proceso. Hoy, la ley establece que la SCJ puede abrir procesos de adjudicación el primer bimestre de cada año, lo que conlleva el riesgo de que exista un largo período en que un casino esté sin explotación, dado que la habilitación de un inmueble demora cerca de dos años. Por lo tanto, la norma propuesta obliga a la superintendencia a iniciar este proceso de postulación con la antelación necesaria para asegurar que una vez vencido un permiso entre inmediatamente el nuevo casino en funcionamiento.
En la misma línea, el proyecto incluye un alza en las multas relacionadas con la ley de casinos. Si a la fecha la sanción máxima era de 600 UTM ($25 millones), ahora pasará a ser de 2 mil UTM ($86 millones). También se incorporará la amonestación verbal o escrita dentro de las opciones sancionatorias y se distinguirán las infracciones entre gravísimas, graves y leves. Actualmente, las multas más altas dicen relación con operadores que exploten juegos no autorizados o prohibidos.
Reunión en marzo
La primera semana de marzo comenzará a analizarse el proyecto en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Según asegura el presidente de la comisión, Pablo Lorenzini, ya están citados los alcaldes, el superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel; el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, entre otros, para los días 3 y 4 de ese mes, con miras a iniciar el análisis de la iniciativa. «Ya están todos citados para empezar la discusión. El objetivo es que en abril ya esté en el Senado con miras a que esté despachado de todas maneras antes del 21 de mayo», subraya el diputado por la Región del Maule.
US$ 750 millones ha sido la inversión de la industria de casinos, según estima el proyecto.
2.700 empleos directos permanentes han generado las 16 sociedades operadoras en funcionamiento, destaca el escrito.