Según el área legal del Instituto de Juegos, quitarle la licencia no le permitiría sanear sus finanzas. El Ejecutivo debe tomar la decisión final. Priorizan salvar empleos y evalúan el monto de la deuda.
Un informe preliminar del área legal del Instituto Provincial de Juegos y Casinos acerca de si el eventual concurso preventivo pedido por KLP para el hotel Intercontinental y su casino, el Cóndor de los Andes, puede ser causal de quita de la licencia para la sala de juegos, permite entender que la postura del organismo empieza a inclinarse a favor del no.
Los fundamentos que ayer tenía sobre su escritorio el titular del organismo, Carlos Bianchinelli, son básicamente dos: permitir que la sociedad operadora sanee sus finanzas (debe reestructurar una deuda de más de $ 400 millones entre bancos, proveedores y el Estado provincial), y evitar el riesgo de despido entre sus 250 trabajadores.
A primera vista, es una interpretación diferente del criterio aplicado en el decreto 225, por el cual el IPJC no autoriza el otorgamiento de permisos para operar casinos a personas jurídicas concursadas. Para este caso, se trata de que la convocatoria en curso, de ser aprobada por el Tercer Juzgado de Procesos Concursales, debe descartarse como causal que impida mantener la licencia habilitante.
Ahora es la Justicia la que debe decidir por el sí o por el no al concurso, un factor determinante para el futuro del complejo hotelero y de entretenimientos en Guaymallén. El juez Pablo González Mansanes cuenta con el llamamiento de autos para resolver y aún podría incorporar algunos elementos antes de expedirse.
En tanto, el borrador que elaboraron los asesores jurídicos del Instituto a pedido de Bianchinelli, es una suerte de bosquejo argumental que, pasado en limpio como resolución, deberá elevarse al Poder Ejecutivo para que decida qué será del futuro de la sociedad al frente del casino.
“Quitar la licencia sería provocar un daño al giro comercial de la firma, más allá de que resulte comprensible o no la magnitud de la deuda generada tratándose de un casino.
El concurso es un remedio procesal para sanear la situación de una empresa, a la cual hay que darle la posibilidad de salir de ese problema y evitar la conflictividad social que puede implicar el riesgo de despidos”, explicaron desde el Instituto en base al informe.
Decisiones en suspenso
Todo tiene que ver con todo. Es que un pronunciamiento a favor de la rescisión del permiso dispararía otro resorte judicial previsto por KLP: una medida cautelar interpuesta como “paraguas” legal para retener la licencia al menos hasta el fin de la convocatoria y el arreglo con los proveedores. Entre otros, la Provincia, a la que debe más de $ 19 millones por Ingresos Brutos e Inmobiliario.
Todo es parte de un entramado judicial para la sociedad, que había empezado a tejer el litigio con el ex gerenciador del casino, Rafael Olivares, en nombre de Zulú, una firma de capitales rusos que supo asociarse a la firma desarrolladora del Intercontinental y se desvinculó con acusaciones de fraude. Conflictos laborales mediante, derivó en la intervención de la sala, a cargo de Rubén De Felipe.
En el seno de Cóndor aseguran que, pese a la falta de información y a lo sorpresivo de la decisión del concurso de acreedores, la actividad es la habitual e incluso diseñan el plan de marketing para 2015.
“Veníamos trabajando normalmente, con presupuesto definido para 2015, y un día a primera hora de la mañana, nos avisaron del tema del concurso. Por ahora, no hay cambios operativos ni en el movimiento del casino, que sigue siendo el de todos los días”, contó una fuente de Cóndor que conoce el día a día de los 250 empleados de la empresa y vivió el conflicto con Zulú.
Lo dicho: con la opinión del IPJC en mano, el Gobierno, como poder concedente de las licencias, deberá decidir si rescinde el contrato. Antes, tendrá que sopesar cuánto inclinan la balanza los más de $ 19 millones que KLP debe al Estado provincial.
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