El pedido de instalación de 200 máquinas tragamonedas en la ciudad de General Pico, disparó un fuerte enfrentamiento entre concejales del justicialismo, quienes son los que tienen que analizar el proyecto que ingresó al Concejo Deliberante.
Mientras el edil Lucas Picazzo adelantó que no habrá definiciones “personales ni de conjunto” hasta después que el tema sea debatido en el bloque, la concejal Estela Aguirre se cortó sola y adelantó que, a su criterio, sería positiva la radicación de una sala de juegos. Tras las declaraciones hubo duros cruces puertas adentro de la bancada oficialista.
Más allá de las posturas personales y políticas sobre el tema, la instalación de algo similar a un casino en Pico choca con la legislación provincial vigente. La Ley Provincial 1239 prohíbe la radicación de este tipo de emprendimientos en todo el territorio pampeano, aunque deja abierta la puerta a una posible excepción.
El Diario entrevistó al concejal Lucas Picazzo, quien adelantó que dicha ley prohíbe la instalación de casas de juego en la provincia. El representante del oficialismo recordó que la ley 1239 se aprobó en el año 1990, y a partir de dicha normativa, consideró que “la presentación hecha por la empresa en el Concejo Deliberante local- no amerita una evaluación mayor y estudio del tema”.
Más allá que la instalación de las máquinas tragamonedas eventualmente se definiera en la Cámara de Diputados, este medio le pidió una opinión personal al concejal sobre el tema. Y allí Picazzo se excusó al indicar que, si bien “tiene una postura personal al respecto”, no la brindaría públicamente porque es norma de trabajo de su bancada “primero debatir el tema”, para luego sí fijar una posición personal o de conjunto.
A favor
Pero al mismo tiempo que Picazzo expresaba esto en distintos medios de comunicación, su compañera de bloque Estela Aguirre en diálogo con Radio 37 daba a conocer su mirada positiva sobre la eventual radicación.
Concretamente Aguirre señaló que “sinceramente no me molestaría que la ciudad tenga un casino, porque Pico está en crecimiento y sería una atracción más para la ciudad”. Y observó también las bondades de contar con una sala de juegos, al aventurar que “además vendría gente de otras localidades y esto crearía puestos de trabajo”. Para luego justificar la timba oficial en Pico al recordar que “sabemos que hay gente que va a jugar a otros lugares y otras provincia, por eso no lo veo mal”.
Tras los dichos de Aguirre en la AM piquense, se originaron duros cuestionamientos puertas adentro del bloque justicialista, que algunos de los involucrados ni siquiera ocultaron cuando fueron consultados por este medio.
Ley
En el año 1990 la Cámara de Diputados aprobó la Ley 1239 de “autorización y reglamentación de juegos de azar”. La normativa, que parece hecha a medida del casino radicado en la capital provincial, en su artículo 1º “autoriza la apertura” de dicho emprendimiento y, en el artículo 5º, “prohíbe la apertura y/o funcionamiento” de otros similares, aunque deja abierta la puerta a una “excepción”.
El artículo 1º de la Ley 1239 dice “Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a la apertura de un casino con juegos de ruleta, carteados, dados o cualquier otro juego de azar”. Mientras que el artículo 2º designa al Instituto de Seguiridad Social de la provincia como “autoridad de aplicación”.
Mientras que el artículo 5º establece que “a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, prohíbase en todo el territorio provincial, la apertura y/o funcionamiento de casinos, salas y locales de juegos de azar, salvo que la Cámara de Diputados de la Provincia, por Ley especial conceda la autorización que, previo informe del Instituto de Seguridad Social, eleve a su consideración el Poder Ejecutivo Provincial. Queda exceptuada de la disposición de este artículo, la autorización conferida al Poder Ejecutivo Provincial, por el artículo 1º de la presente Ley”.
Más allá que dicha normativa provincial impide que los concejales de Pico aprueben la instalación de las 200 máquinas tragamonedas, se hace imprescindible conocer la posición política de los representantes de la comunidad piquense al respecto, para evitar que quienes pretenden radicar este tipo de negocio en la ciudad logren, quizás, la excepción en la Cámara de Diputados de la Provincia, sin conocer qué piensan al respecto los políticos y vecinos de General Pico.