Exponentes del sector de los juegos de azar, que solicitaron el anonimato, temen que el objetivo final del Gobierno sea la “estatización” de los juegos de azar. En ese sentido, la suspensión inesperada de la licitación de la quiniela ha despertado más temores que esperanzas.
Los empresarios del sector se preguntan qué hay detrás de la suspensión de la licitación, ya que el “toque de alerta” nace a partir de lo expresado por el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, quien dijo que la intención es “cambiar el modelo actual y darle al Estado mayor participación y mayor control en los ingresos de este juego, a los efectos de aumentar las ganancias del Estado y aumentar la inversión en gastos sociales”.
Consideran que, sin dudas, el planteamiento fue transmitido a Balbuena por el propio presidente de la República, Horacio Cartes, luego de la audiencia que este concedió al titular de Conajzar el jueves 31 de julio último. En cuanto a las implicancias de la frase “mayor participación del Estado”, se presume que podría significar mayor participación de los políticos en un rubro que genera mucho dinero. Alertan que no es función del Estado “participar” en los juegos de azar. “Lo suyo es crear condiciones para que el sector privado aporte al Estado, a través del canon, los impuestos, etc., dicen.
Alertan igualmente que aquí no solo está en juego la quiniela, sino toda la industria de los juegos, cada vez más importante por lo que genera para el país en términos de estructura (el hotel Acaray se recuperó gracias al casino y, en Encarnación, el concesionario del casino está terminando un nuevo hotel de 4 estrellas), creación de empleos genuinos, promoción del turismo local y regional; y que, sobre todo, está en consideración la formalidad del país.
Los empresarios creen que esta actividad debe ser tratada “con toda seriedad” para frenar la ilegalidad existente que, a su vez, origina la formación de grupos de poder que luego tienen incidencia en la política gracias a su capacidad económica incontrolable. Alertan, asimismo, que una “mayor participación del Estado” no es garantía de seriedad ni formalidad. “Al contrario, con ello se acrecentará el riesgo que significa la codicia insaciable de nuestros políticos”, aseveran.
Añaden que si el Estado quiere recaudar más de este sector y aumentar la legalidad, debe profesionalizar al máximo los organismos de control, sin inmiscuirse en el funcionamiento de los juegos en sí. Advierten que con los políticos “metiendo mano” directamente, se creará un nuevo foco de corrupción y las recaudaciones irán a parar en su mayor porcentaje a las cuentas de “los pillos” en desmedro del país.
Finalmente, se preguntan qué “manos negras” están metidas en este tema de la quiniela, que podría extenderse a otros aspectos de la industria de los juegos.
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