Ofrecen el sistema de captura de apuestas de la quiniela y el control on line de las máquinas tragamonedas de todos los casinos, por un total de 10 años. Sólo en las terminales de quiniela, el Estado provincial invertirá cerca de 350 millones de pesos.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos lanzó dos licitaciones millonarias, cuyas aperturas de sobres se producirán en la segunda semana de agosto.
El presupuesto oficial con la cifra es más abultada es el que ofrece por el término de 10 años el Servicio de sistematización de juegos de la provincia y cobranza de facturas de servicios públicos y privados, por un total de 348 millones de pesos. Pasado en limpio se trata del sistema de captura de apuestas de la quiniela provincial, un negocio que aportará al ganador unos 35 millones de pesos por año.
Por otro lado, el IPJC licitará un sistema de control on line para las 6.200 máquinas tragamonedas que funcionan en los casinos públicos y privados de la provincia, también por 10 años. En este caso, la licitación no tiene un monto fijo, aunque el presidente del Instituto, Carlos Bianchinelli, explicó que el servicio «está tasado en la mitad de la quiniela» y ganará aquel que haga «el ofrecimiento menor» respecto de la recaudación.
Según datos oficiales de 2013, el juego genera una recaudación de 1.800 millones de pesos por año. Una parte de esa plata va a parar a los planes de salud, aunque el monto es menor: cerca del 8 por ciento del total.
El resto de los ingresos totales, descontados los premios, solventa un organismo que tiene alrededor de 700 empleados, una población alta de gerentes y muchos cargos políticos que aprovechan no sólo el oficialismo de turno, sino también la oposición.
Los millones podrían haber sido más de no haber surgido un decreto del gobernador Francisco Pérez a fines del año pasado que prohibió la creación de nuevos juegos de azar, justo cuando estaba en marcha la creación de una lotería virtual.
Bianchinelli defendió las licitaciones en marcha en Casinos porque considera que regularizan el sistema e incluso le aportan transparencia.
En el caso de la quiniela (los sobres se abren el 12 de agosto), el presidente del IPJC señaló que la licitación se lanza con un año de anticipación y que este paso resulta necesario debido a que el operador privado actual lleva 15 años ininterrumpidos a cargo del negocio.
Se trata de Ivisa, de los hermanos Darío y Gabriel Rosenzvit, dos empresarios con muchísima historia en el juego nacional: manejan muchos casinos y están ligados al popular «Telekino».
«Antes se renegociaba todo, pero ahora hemos decidido llamar a licitación», expresó Bianchinelli, quien administra entre 13 y 14 millones de pesos «limpios» por mes de la quiniela. Es que a Ivisa se le venció la concesión de las terminales hace rato, pero el anterior conductor del IPJC, Daniel Pereyra, lo prorrogó por cinco años más.
La otra licitación (prevista para el 11 de agosto) directamente es calificada como una innovación por Bianchinelli. Es que la fiscalización on line de la recaudación de las máquinas tragamonedas viene a cubrir una demanda que los propios organismos de control le habían hecho al Gobierno.
El ex legislador renegoció el año pasado el contrato de las tragamonedas de la sede central del Casino con Mendoza Central Entretenimientos (MCE), empresa de la familia Vila. El anterior acuerdo, también producido durante la gestión de Pereyra, le daba a la MCE un canon del 47 por ciento y la posibilidad de renovación automática. Bianchinelli bajó ese porcentaje al 43,8 por ciento, aunque a cambio MCE recibió una prórroga del contrato por 8 años.
Las viejas cláusulas de vinculación entre el Estado mendocino y MCE fueron cuestionadas por Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, el cual, entre otras cosas, objetó que no existiera un mecanismo on line para fiscalizar la recaudación de las máquinas. Esa necesidad es la que cubriría esta licitación.
«Hoy se controla de acuerdo a declaraciones juradas y supervisiones. Los fiscalizadores trabajan muy bien, pero con el control on line vamos a estar mejor», expresó Bianchinelli.
Los nuevos controles recaerán en las 2.500 máquinas que funcionan en los 10 casinos oficiales y en los 3.700 tragamonedas que tienen los 7 casinos privados de la provincia. Permitirán certificar el dinero que realmente entra y servirán para el cobro de impuestos en un rubro en el que también circula mucha plata: sólo los casinos oficiales aportan 13 millones de pesos por mes en limpio a las arcas de IPJC.
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