El Consejo de Garantías Estatutarias, órgano encargado de velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatuto autonómico, cuestiona la ley que regula el macroproyecto Barcelona World, que se construirá en Tarragona y que contempla importante reducciones fiscales para el sector del juego.
En su resolución, el Consejo entiende que la norma no vulnera ni la Carta Magna ni la Constitución, pero advierte de que la ley «debería determinar con más precisión el alcance de la deslegalización que prevé con la finalidad de garantizar mejor el principio de seguridad jurídica». Esas imprecisiones se refieren al planteamiento urbanístico y el acceso de los menores al recinto. Asimismo, el Consejo reclama al Parlamento catalán que precise esos puntos para adecuarlos a la ley».
El informe cuenta con el voto particular de Marc Carrillo quien considera que se debería de haber declarado inconstitucional el tratamiento singular que observa la modificación de la ley de Centros Recreativos y Turísticos en exclusividad per Vila-seca i Salou (Tarragona) ya que esto vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española.
El Consejo responde así al dictamen solicitado por CUP-AE i ICV-EUiA sobre el proyecto de ley de modificación de la Ley 2/1989, del 16 de febrer, sobre centros recreativos turísticos y establecimiento de normas en materia de tributación, comeercio y juego; más conocida como la modificación de la ley de Barcelona World. Este proyecto, la alternativa de la Generalitat a Eurovegas -que finalmente tampoco se construirá en Madrid-, y las rebajas fiscales que contempla fueron pactados por el presidente Artur Mas y el primer secretario del PSC, Pere Navarro.
El dictamen se produce una semana después de que todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona votaran en contra el nomenclátor de ese proyecto.
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