“Hay una legalización de facto del juego ilegal porque no tiene represión”
El director de Casinos -en una entrevista realizada por el periódico El Observador- explicó el proyecto de ley que crea el marco jurídico para luego pasar a reprimir los slots truchos
El proyecto de ley que castiga con prisión a quien opere tragamonedas ilegales, ratifica el monopolio del Estado sobre los juegos de azar y apuestas, a través de la creación de un marco jurídico nuevo, pero no servirá para reprimir el juego ilegal. Según explicó el director de Casinos, Javier Chá, se deberá luego, en otra ley, abordar el tema de las máquinas tragamonedas y definir prohibiciones y establecer quién lo controlará. A su juicio, hoy están legalizadas de facto porque nadie las controla.
¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley?
Es la materialización de un proyecto que estaba desde hace mucho tiempo y tenía como objetivo la reorganización institucional de los juegos de azar, teniendo en cuenta la evolución del juego en Uruguay, que ha crecido en su magnitud y en su complejidad. Se busca ratificar y afirmar el monopolio del Estado en lo que tiene que ver con los juegos de azar y apuestas, a través de la creación de un marco jurídico nuevo, porque el que existe en la actualidad tiene grandes vacíos. Por otro lado, se trata de crear un órgano de contralor capaz de fiscalizar y regular todo lo concerniente al funcionamiento de este mercado y garantizar las condiciones de transparencia, equilibro e igualdad jurídica. La idea es utilizar la entidad más grande que es Casinos del Estado para que concentre todos los juegos de azar que explota el Estado uruguayo. En la nueva organización, el actual Casinos cambiaría el estatus, pasaría de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Economía a convertirse en un organismo descentralizado y dentro de su competencia estaría la explotación de lo que tiene que ver con Loterías y Quinielas. Por otra parte, estaría la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado, que concentraría a todos los juegos de azar.
¿Cómo se va a controlar el mercado negro?
Acá había dos temas en discusión. Uno tenía que ver con tema de máquinas tragamonedas, que desde hace 18 o 20 años tenemos que ordenar un marco jurídico, pero se entendió que debía ser un paso posterior a la creación de la ley. Primero se consideró necesario generar un marco jurídico general, una adaptación de la presencia institucional de Estado a ese marco y luego el abordar la discusión particular con respecto a las máquinas tragamonedas. Esta es la base, el marco jurídico e institucional general. El cometido que teníamos era primero discutir este tema y luego enmarcarnos en la discusión parlamentaria de qué hacer con la máquinas tragamonedas irregulares.
Pero en esta ley se establece prisión y multas económicas.
Lo que pasa es que las tragamonedas irregulares forman parte de una explotación no autorizada. No hay ninguna ley que la autorice. El problema es que hay una debilidad jurídica porque para la ley uruguaya no es un delito, sino una falta, y la sanción queda a criterio del juez. En lo que tiene que ver con la experiencia, eso ha significado que no haya sanción alguna. Pero a mi juicio esto es marco, no alcanza con esto.
A su juicio, ¿cuál sería el camino?
Es la misma opinión que tiene el MEF de tener una regulación sumamente restrictiva y exigente con el asunto. Hoy no hay ningún parámetro, hay prácticamente una legalización de facto porque no tienen represión. Necesitaríamos primero establecer claramente qué es lo prohibido y qué es lo autorizado; segundo, responsabilizar a las instituciones que se harían cargo de vigilar el comportamiento de la norma, y luego establecer políticas de represión. Primero hay que ponerle coto al fenómeno.
Con esta ley marco, ¿se puede empezar a reprimir?
No creo, porque a mi juicio sería necesario primero establecer claramente qué es lo prohibido y, segundo, establecer qué instituciones se harían cargo de cumplir la norma y políticas de represión. Hoy Casinos no está capacitado para tomar cartas en el asunto. Increíblemente me llaman ediles y diputados para reclamarme que haga algo en cuanto al flagelo de las máquinas tragamonedas irregulares. Hoy la única facultad que tiene Casinos de Estado es la de la explotación comercial de los juegos. No es regulador, no tiene la capacidad de incautar ni de destruir ni de allanar ni de inspeccionar establecimientos que no son propios. Lo único que puede hacer es denunciar ante las autoridades competentes, que son la Justicia, y las intendencias municipales, porque son establecimientos que no tienen habilitación comercial y, por lo tanto, no podrían funcionar.
¿Cómo se van a controlar los juegos online?
Eso se debería determinar en un proyecto propio, crear un marco jurídico especfíco para esa modalidad que ha tenido un crecimiento explosivo en todo el mundo. Es sumamnete complejo. Hay ejemplos de lo que han hecho países europeos. Teniendo en cuenta que quien quiera en internet perforar el marco legal podrá hacerlo, se puede establecer qué cosas hay que proteger y los objetivos que tiene el Estado y cómo relacionarlos con privados sería materia de un proyecto específico.
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