El Sindicato Comisiones Obreras, CCOO y un accionista minoritario también presentarán una Demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra los Fondos Buitre y los Bancos que acechan a la multinacional del Juego, CODERE. Tal información la ha proporcionado el diario » Hispanidad», Decano de la Prensa Digital Española. Estas nuevas Demandas vendrían a sumarse a la ya presentada por el Sindicato UGT.
UGT argumenta en la denuncia que pretende defender «los derechos de los trabajadores que representa frente a conductas presuntamente ilegales de fondos de inversión ‘buitres’ que llegan a nuestro país amparados en legislaciones extranjeras no aplicables (…) presentándose como salvadores de entidades que atraviesen dificultades financieras», cuando en realidad «vienen a destruir las empresas».
Así, basándose en informaciones aparecidas en medios de comunicación, UGT denuncia «sospechas de los intereses ilícitos» de los fondos Canyon Capital Finance y GSO, ambos propiedad de Blackstone, así como el resto de prestamistas y las entidades financieras Credit Suisse, BBVA, Barclays Capital y Houston Casuality Company.
Alude a supuestas cesiones de crédito «que se realizaron sin el preceptivo consentimiento de la compañía en un primer momento y forzando después a la misma a otorgar dicho consentimiento», con el objetivo de «expoliar de forma ilícita» la compañía una vez tomado el poder. Por ello, pide a la Fiscalía «la investigación de los hechos», así como la declaración de los directivos de Codere; del consejero delegado de BBVA, Ángel Cano; el de Credit Suisse, Brady W. Dougan; Barclays Capital, Antony Jenkins, y el de Houston Casualty Company, así como de representantes de Blackstone y sus fondos Canyon y GSO.
El pasado 2 de enero, Codere solicitó el preconcurso de acreedores «a la vista del análisis de la situación financiera y la previsión de tesorería a corto plazo y ante las dificultades para afrontar los próximos vencimientos».
El grupo adoptó esta decisión ante la imposibilidad de pagar 127 millones de euros a sus prestamistas debido al déficit de caja existente, tras afrontar cambios regulatorios en varios países, fundamentalmente México y Argentina.
El 9 de enero, Codere acordó con sus acreedores prorrogar el pago de la deuda hasta ayer, una fecha límite que podría extenderse hasta el 15 de abril en función del «cumplimiento de ciertas condiciones ligadas a la evolución de las negociaciones y alcance de un acuerdo con los bonistas». Sin embargo, estas condiciones no se cumplieron, por lo que no pudo extenderse el periodo de prórroga, a pesar de lo cual ambas partes continúan en negociaciones.
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