El presidente Enrique Peña Nieto decretó este jueves la creación de un impuesto de 15% a la importación de máquinas tragamonedas.
La nueva fracción arancelaria y el gravamen correspondiente fueron incluidos en un decreto para modificar diversas tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que entrarán en vigor el 1 de enero próximo.
Según la Secretaría de Economía (SE), la medida “permitirá conocer de manera puntual la estadística de la importación de las mismas y, en su caso, la necesidad de normas o regulaciones en materia de información y seguridad para el consumidor”.
De acuerdo con la asociación civil Tecnologías de la Información de Normalización y Certificación Electrónica, se estima que en el país hay más de 100 mil máquinas tragamonedas instaladas en casinos, y más de 75 mil instaladas de forma clandestina en locales o tiendas de abarrotes de las colonias populares.
En un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la SE señaló:
“Derivado de que la industria del juego constituye un fenómeno social y económico que va en aumento en nuestro país, cuya exposición aumenta el riesgo de que esta actividad interfiera en las relaciones familiares, sociales y laborales de las personas implicadas, es necesario crear una fracción arancelaria en la que se clasifiquen las importaciones de las máquinas, de funcionamiento eléctrico, electrónico, mecánico o combinación de ellos, a través de las cuales se realicen sorteos con números o símbolos, que están sujetos al azar, con el objeto de permitir un mejor monitoreo y vigilancia de las mismas”.
Por otra parte, la SE anunció que se posterga la desgravación para nueve fracciones arancelarias del sector químico y pospone por un año la desgravación de 14 fracciones arancelarias del sector calzado y 80 fracciones de la industria del vestido para entrar en vigor –con un nivel arancelario generalizado de 20%– a partir del 1 de enero de 2015.
Mientras que cuatro fracciones del sector químico llegarán a un nivel arancelario generalizado de 5% en 2017.
Lo anterior se justificó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que establece las Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, lo que implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su máximo potencial a amplios sectores de la vida nacional.
Además de lo anterior, el gobierno pretende “generar los estímulos correctos para integrar a todos los mexicanos en la economía formal; analizar de manera integral la política de ingresos y gastos para que las estrategias y programas de gobierno induzcan la formalidad, e incentivar, entre todos los actores de la actividad económica, el uso eficiente de los recursos productivos, a través de un diálogo abierto con los sectores”.
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