Exponentes de empresas formales de los juegos de azar reclaman al ministro de Hacienda, Germán Rojas, dejar de lado las incoherencias e iniciar un “combate serio” a los juegos clandestinos, en especial a las máquinas tragamonedas, que son “ilegales” y fomentan una “corrupción en cadena”.
Solicitaron al secretario de Estado que tome las medidas pertinentes para brindar al Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) la logística necesaria con el fin de que ejerza un control efectivo sobre “ese flagelo”.
Las fuentes admitieron que Conajzar, efectivamente, no posee atribuciones para prohibir el despliegue de máquinas, pues esa es una prerrogativa municipal, pero la entidad sí tiene potestad para definir qué puede autorizar un municipio y también qué juego es legal o no.
En ese sentido, una de las fuentes del sector empresarial expresó que Conajzar debería derogar toda autorización que pudiera existir sobre máquinas de juego programado (tragamonedas), aunque en la actualidad no se conoce licencia alguna operando bajo esta figura.
Al mismo tiempo, manifestó que habrá que definir un reglamento de máquinas y la tipología correspondiente, además de establecer “criterios claros de legalidad”.
Por qué prohibirlas
Una fuente expresó que existen tres aspectos por los cuales se debería prohibir la proliferación de las máquinas tragamonedas ilegales. Primero, por su tipología, pues son artefactos armados en talleres clandestinos, sin ningún tipo de certificación de los programas que llevan dentro.
En segundo lugar, se aduce que su instalación “no aporta nada el fisco ni al sistema formal”. Por el contrario, constituyen “una competencia desleal con las empresas que sí aportan al fisco, pagan canon y tienen costos emergentes de la fiscalización del Estado”, en este caso Conajzar.
Hay que tener en cuenta que el pago de los cánones por la concesión de juegos de azar posibilita el sustento de la Dirección Nacional de Beneficencia (Diben), por ejemplo, que desarrolla un vasto programa social que crece constantemente en cuanto a necesidades y exigencias. En ese sentido, la fuente señaló que “la ilegalidad neutraliza a las empresas legales que aportan y, por lo tanto, las recaudaciones para los fines sociales del Estado se reducen drásticamente”. Señalan que no se ejerce control sobre la localización de estos aparatos, que afecta básicamente a menores de edad.
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