La Cámara de Diputados aprobó proyecto de acuerdo que busca fijar un marco legal que permita regular su uso. La Asociación de Operadores, Fabricantes e Importadores de estos equipos valoró la iniciativa
Según cifras de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos, en la Región de Coquimbo, existen 30. 585 máquinas tragamonedas denominadas populares. En la zona norte le siguen las regiones de Antofagasta y Atacama con más de 18 mil de estos equipos de entretención. A nivel nacional existen más de 700 mil, una cifra que crece todos los días y que significa que cada comuna del país tiene en promedio 2.000 máquinas.
Estas cifras llevaron a que parlamentarios de todas las bancadas aprobaran el proyecto de acuerdo que propone la discusión y aprobación de una regulación que fije un marco legal que permita operar tragamonedas en locales distintos a los casinos de juego. Se trata principalmente de pequeños almacenes y negocios de barrio.
El funcionamiento de estas máquinas, ha dado origen a una industria que involucra a más de 220 mil microempresarios, emprendedores, operadores y almaceneros cuyos ingresos están ligados a esta actividad. Así lo aseguró a El Día, Ramón Sepúlveda, vicepresidente y vocero nacional del gremio de tragamonedas populares, FIDEN AG.
“La industria en estos años ha tenido un crecimiento muy importante, ello debido a que son máquinas de fácil acceso económico, por lo que los almaceneros las tienen en sus locales y les han permitido solucionar algunos problemas básicos, como cuentas de luz, agua o incluso para el pago de la educación de sus hijos”, aseguró Sepúlveda.
Respecto de la aprobación de los parlamentarios de regular esta actividad, el vocero del gremio que agrupa a los dueños de las tragamonedas dijo que lo que se busca es un apropiado ordenamiento legal y normativo que establecerá las condiciones y requisitos de funcionamiento a cumplir, en todos los aspectos, tanto técnicos, como de seguridad y transparencia, permitiendo una fiscalización eficiente.
“Para nosotros este acuerdo, además de respaldar nuestra vieja aspiración a una regulación justa, se transforma en un llamado a la autoridad central a no adelantarse en medidas persecutorias. Todavía no hemos llegado a nuestro objetivo que es lograr una ley, éstos son pasos importantes”, dijo.
Ante los cuestionamientos que se le han hecho en torno a la presencia de menores jugando en estas máquinas, Ramón Sepúlveda dijo, además, que “es obligación del dueños del negocio o del dependiente no permitir su acceso. Hoy no se permiten menores de 18 años y mucho menos si están con uniforme escolar. Lo que nosotros queremos es que se tenga una norma y si alguien no cumple, perderá su licencia y le clausurarán su patente, etc.”, finalizó.
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