Beatrice Rangel, la presidenta de Codere México, habla fuerte y tiene sentido del humor: “Siempre pensé que México iba a ser todo un reto, pero la realidad superó mis expectativas: todo parece funcionar para que los que cumplen la ley tengan más dificultades que los que se dedican a evadirla”.
La conversación con Rangel entrega una paradoja. Ella es una mujer acostumbrada a mandar, que no puede evitar proyectar cierto sentido de impotencia: “En teoría mi trabajo está claro: hacer crecer a una empresa que es líder en un mercado que tiene un gran potencial de crecimiento. En la práctica, tengo que lidiar con situaciones absurdas: el gobierno federal va para un lado y los locales van por otro. Hacen lo que les da la gana”.
Rangel es venezolana de nacimiento. Llegó a México para presidir Codere en abril del 2011. En su CV destaca haber sido Secretaria de la Presidencia en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y Jefa de Estrategia para el Grupo Cisneros, el poderoso corporativo que llegó a ser el mayor de Venezuela.
“México ha ido muy lento en el desarrollo de la industria del juego. Parece que no ha entendido todo el potencial fiscal que representa. Nosotros tenemos entre 20 y 25% del mercado. Pagamos casi 70% de los impuestos. Es claro que algo no está funcionando. Recauda unos 400 millones de dólares anuales, podría obtener más del doble” (es difícil de establecer la cifra oficial, porque se mezcla con la recaudación con loterías y pronósticos).
Codere llegó a México en 1998. Es líder en número de salas, terminales de juego e ingresos; opera en nuestro país asociado con dos grupos, Caliente y CIE. En asociación con Caliente tiene 44 salas, de las que Codere posee 67.3% del capital. Con CIE opera 52 salas y el Hipódromo de las Américas. En esta sociedad, Codere tiene 84.8% del capital. En el 2012 tuvo ingresos de 437 millones de euros, 26% de la utilidad global de Codere.
“Estamos creciendo, aunque poco, quisiéramos crecer más, pero no podemos competir con los ilegales, que a veces son informales y otras veces no tanto. En cada ciudad que visito, voy a mis salas de juego y a las de la competencia. Algunos de mis competidores tienen salas VIP donde ofrecen Póquer y Black Jack, aunque estos juegos están prohibidos”, indica.
La ejecutiva reconoce que hay un cambio de señal desde la dirección de juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación, aunque enfatiza que el problema va mucho más allá: “Requerimos certidumbre jurídica y una posición más clara en favor de las empresas legales. Las autoridades locales tienen el poder de tomar muchas decisiones y, con frecuencia, a ese nivel se favorece a empresas sin todos los requisitos. No estoy en contra de que el nivel local tenga atribuciones, en Argentina así es y funciona muy bien. El problema es que aquí no están alineados los incentivos. Hay ciudades donde se viven prácticas muy fuertes de corrupción y otros donde se trabaja impecablemente.
“El primer reto está en sensibilizar a las autoridades y a la clase política para que vean las oportunidades de la industria del juego y no sólo los riesgos. En segundo orden, pero crucial, está desarrollar una identidad como industria, entender que a todos nos conviene actuar juntos para impulsar la legalidad. La industria del juego no tiene por qué asociarse a la corrupción. En Austria opera bien y es un financiador de la educación. En Argentina, en Buenos Aires, es un contribuyente importante en el financiamiento de centros de salud”.
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