Respecto de la polémica suscitada por la denuncia de Casinos Dreams, la entidad señaló que no le corresponde emitir opinión sobre el contenido de los informes del municipio o del CORE
El 31 de mayo pasado, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aprobó los exámenes de precalificación presentados por los consorcios Casino Dreams Ovalle S.A., Antay Ovalle S.A. y Ovalle Casino Resort S.A., tres sociedades que están postulando al único cupo de casino de juego disponible en el país, que se emplazaría en la ciudad de Ovalle. Todas ellas actualmente están siendo sometidas a la Evaluación Técnica de Proyectos, trámite que culmina el 31 de julio próximo. Luego se producirá la decisión del Consejo Resolutivo, entre el 31 de julio y el 29 de agosto de 2013. Este proceso podrá concluir con la autorización por parte del organismo para el levantamiento de este recinto de entretención en la capital limarina.
A través de una declaración pública, la SCJ volvió a ratificar que éstos son los plazos que mantiene dicha tramitación. Esto, pese la polémica que se ha generado en la zona tras la denuncia de la empresa Casinos Dreams (una de las postulantes), quien señaló que el informe presentado por la Dirección de Obras del municipio estaba errado, por lo que solicitó que se revisaran los antecedentes.
El argumento de esta firma, explicado por Raúl Ramírez, gerente de infraestructura de Dreams, es que Ovalle Casino Resort, quien recibió el voto positivo del concejo municipal de Ovalle y el Consejo Regional para adjudicarse las obras, no cumpliría con la norma de uso de suelo, pues el terreno donde se emplaza sólo permite su uso para educación, pudiendo efectuar la construcción de otro tipo de instalaciones en una superficie no superior al 5%, “lo que significa que la empresa no podría construir un complejo que superase los 750 metros cuadrados, superficie totalmente insuficiente para albergar un casino y un hotel”. Además, indicó, “el informe consideraba erróneamente que la zona donde se proyecta el casino correspondía al sector adyacente de un pequeño lote de terreno, cuyo uso el Serviu autorizó para proyectos asociados a vivienda. Sin embargo, el terreno propuesto por Ovalle Casino Resort queda alejado de esta zona con condición especial”.
La SCJ explica en su declaración que para realizar el proceso de evaluación de estas tres empresas debe “solicitar informes al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Turismo y pronunciamientos al Gobierno Regional de Coquimbo y a la Ilustre Municipalidad de Ovalle”, los que fueron requeridos el 7 de junio pasado.
En este sentido, la entidad aclara que no tiene competencia para revisar la legalidad de los informes o pronunciamientos de dichas entidades. “Durante el proceso de evaluación de proyectos o con posterioridad a aquél, no corresponde que la superintendencia emita opinión sobre el contenido de los informes o pronunciamientos emitidos por dichos organismos, atendidas las facultades de interpretación que la normativa vigente les concede a aquellos”, precisó.
Lo que queda claro ahora es que habrá que aguardar hasta el próximo 29 de agosto para saber cuál será la decisión definitiva de la SCJ en relación al recinto de juegos en Ovalle. Es de esperar que no ocurra lo mismo que sucedió en la primera licitación, donde, luego de años de tramitación, Casinos Austria renunció al proyecto argumentando problemas económicos y, con ello, que se deje de construir esta iniciativa que se busca ser un aporte al desarrollo económico y turístico de la ciudad.
PUNTUACIÓN DE PROYECTOS
••• Para la elección de la empresa que se adjudicará la licitación, son el total 2.000 puntos los que están en disputa. Para ello, la SCJ pide el pronunciamiento del concejo municipal, quien aporta en total 150 puntos y del Gobierno Regional, quien entrega 300 puntos. Además, solicita un informe al Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), que concede otros 150 puntos, y del Ministerio del Interior, que otorga 100 puntos más. En tanto, los restantes 1.300 son competencia de la SCJ, cuya evaluación se basa en aspectos como ubicación, diseño, calidad de las instalaciones y la relación armónica con el entorno. Las empresas deben lograr como mínimo 1.200 puntos para que los proyectos pasen a la Etapa de Resolución del Consejo Resolutivo de la Superintendencia.
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