El Ejecutivo municipal iniciará una acción judicial contra Emprendimientos Patagonia S.A para anular el acuerdo por reducción de deuda firmado con el exintendente Omar Goye.
El Ejecutivo municipal recurrirá a la Justicia ordinaria para pedir la nulidad de un convenio que firmó el ex intendente Omar Goye con la empresa Entretenimientos Patagonia SA, por el cual la explotadora de los casinos locales se benefició con una importante rebaja de tasas.
El Tribunal de Contralor ya había iniciado una investigación tras comprobar que el acuerdo fue suscripto y ejecutado sin contar con aprobación previa de la Comisión de Transacciones y también sin el aval del Concejo Deliberante, como exige la Carta Orgánica.
La intendente provisoria María Martini instruyó a la asesora letrada María Marta Peralta para que tramite ante la Justicia la nulidad del convenio, firmado en diciembre pasado.
La llamativa redacción del artículo 1 de la resolución emitida ayer se refiere al «acuerdo celebrado por el contador Omar Goye, en representación de la municipalidad», sin señalar su condición de intendente a cargo.
El segundo artículo advierte que la acción judicial «se promoverá contra Entretenimientos Patagonia SA», a la cual el municipio no le reconoce descuento alguno. También señala que le reclamará las diferencias (con capital e intereses) de las contribuciones «que adeudare» por tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.
Según la ordenanza vigente, la concesionaria del casino debía pagar por tasa TISH el 40 por mil de su facturación. o bien un mínimo de 80 mil pesos mensuales por cada local habilitado.
En desacuerdo con esa imposición, la empresa presentó una demanda de inconstitucionalidad.
El acuerdo con Goye incluyó una renuncia expresa de la contribuyente a esa acción judicial y a cambio se comprometió a pagar 800 mil pesos por la deuda comprendida entre los períodos 09/2011 y 10/2012. En la práctica (y sólo si se le hubiera aplicado el mínimo de la ordenanza) el casino se benefició con una rebaja de 320 mil pesos.
Según lo certificado por el departamento Tributario, la empresa pagó una primera cuota de 400 mil pesos y tres de los cinco pagos acordados con Goye por los otros 400 mil.
Según lo dispuesto por Martini, el acto de Goye «se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad».