Pasadas las 14 del sábado 13, los empleados del IPJC decidieron suspender el paro y las asambleas, por lo que la actividad volvió a la normalidad. Luego del diálogo con Boris y Caputto, quedó en suspenso a la espera de las paritarias y el cumplimiento de lo acordado. Nidia Martini no participó en la negociación.
Pasadas las 14, los empleados del Casino y sus dependencias decidieron suspender la medida de fuerza, luego de que se reunieron con Rubén Boris, representante del Gobierno, y Héctor Caputto, director del Casino de Mendoza (IPJC), ya que Nidia Martini, la presidenta del organismo, estuvo ausente por problemas personales.
En las instalaciones de la sede central del Casino, Carlos Simón, secretario gremial de ATE, firmó el acta junto con Boris, Caputto y Federico Domínguez, en la que el Estado se compromete a ratificar mediante paritarias el valor del punto (porcentaje que cobran los empleados) en $62, ratificar la propuesta de premios ofrecidos para el 2013, recategorizar a los agentes y no efectuar ningún tipo de represalias hacia los empleados, cláusula que fue incluida a propósito de las denuncias de los empleados respecto de la actitud de la presidenta del IPJC, quien, entre otras cosas, les dijo algunos empleados que “esto es como un efecto dominó”, porque van cayendo uno después del otro.
Este acuerdo debe ser ratificado el martes a las 9 en la Subsecretaría de Trabajo.
Sin embargo, Carlos Simón dejó en claro ante MDZ Online que la medida de fuerza no ha sido levantada, sino sólo suspendida hasta tanto no se cumpla todo lo pactado, y en los puntos que corresponda mediante paritarias claras, esto en relación a que los empleados no quieren sentarse a negociar en las condiciones en las que propone el IPJC, pues consideran que así quedan en desventaja.
Renegociación del contrato por tragamonedas
Si bien esta medida de fuerza no se relacionaba directamente con el pedido de renegociación del contrato de los tragamonedas con la empresa Mendoza Central Entretenimientos, Carlos Simón advirtió, no sin alguna ironía: “No vamos a dejar de pedir la renegociación del contrato, porque afecta directamente al bolsillo de los trabajadores y los programas a los que se aportan fondos, a los que se les resta capital para meterlo a las arcas de Vila [propietario de la empresa concesionaria de tragamonedas], algo que no se le puede permitir a ningún Estado y menos a un Estado nacional y popular”.
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