EL PARLAMENTO SE PREOCUPA POR MEJORARLA
Según hemos podido conocer gracias a pokerfuse.com, la Comisión de Cultura, Comunicación y Deporte, compuesta por miembros del Parlamento del Reino Unido, ha publicado un informe muy interesante sobre la Ley del Juego británica de 2005.
El texto critica abiertamente aspectos importantes como la fiscalidad aplicable a las salas, la falta de claridad de los planes futuros de las autoridades y su falta de eficacia. Así mismo, pide que se incida en la protección de los fondos de los jugadores, para evitar situaciones como la del bloqueo de las cuentas de Full Tilt Poker, y solicita que se ponga en vigor un nuevo sistema impositivo.
El informe pone de manifiesto que la ley del juego no ha permitido a los reguladores cumplir dos de sus objetivos: proteger a los jugadores del Reino Unido de los malos usos de los operadores y convertir a Gran Bretaña en una base de la pujante industria del juego online.
La ley inglesa no ponía más límites a las empresas que el hecho de que contasen con una licencia de juego, obtenida en su país, o ante cualquier otra comisión reguladora (como las de Alderney, Malta, Gibraltar, la Isla de Man o Antigua). Esta medida liberalizadora acabó yendo en contra de los intereses del propio Reino Unido, ya que mientras sus operadores con licencia habían de pagar un 15% de sus beneficios brutos a la UK Gambling Commission, las empresas con licencia extranjera no habían de pagar impuestos. Ello tuvo como consecuencia que la mayor parte de las salas de poker buscasen licencias de otras comisiones y dejasen de pagar impuestos al gobierno británico. Además, la Comisión del Juego del Reino Unido no pudo asegurar la protección de sus jugadores, como quedó demostrado tras el bloqueo de las cuentas de los jugadores de Full Tilt Poker y la deficiente actuación de la Alderney Gambling Control Commission.
Para mejorar la protección de los jugadores, el informe propone promover el juego en salas con licencia de la UKGC mediante la creación de un distintivo de calidad, y exigir a todas las empresas que ofrezcan servicios de juego online que tengan el dinero de los jugadores en cuentas separadas.
Así mismo, para incrementar la recaudación de impuestos, la citada Comisión del Parlamento británico propone la introducción en diciembre de 2014 de una nueva fiscalidad aplicable a las salas, basada en el lugar de residencia de los jugadores y no en el de las comisiones otorgantes de licencias. De esta forma, todas las salas que ofrezcan sus servicios a residentes del Reino Unido habrán de pagar un porcentaje de sus ingresos brutos en concepto de impuestos. En este sentido, el informe afirma que el señalado 15% es una tasa muy alta si se quiere mantener la viabilidad económica del sector y que el Estado debería plantearse una reducción del porcentaje impositivo.
Por otra parte, el informe critica abiertamente la gestión de la UKGC, dirigida por Ms. Jenny Williams por su falta de eficacia y su incapacidad para encontrar soluciones a los problemas detectados. Y termina afirmando con rotundidad que los reguladores británicos no han aprendido nada de las “pobres” regulaciones de España, Francia e Italia. Como vemos, en el Reino Unido ni siquiera se plantea el pago de impuestos por los jugadores.
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