El Gobierno portugués, a través de su viceprimer ministro, Paulo Portas, ha decidido anunciar que tiene previsto legalizar y regular el juego online en todo Portugal, con el objetivo de incrementar la recaudación fiscal del país.
Esta decisión que asemeja a la acometida por otros países con necesidades de recaudación pública, prevé crear a finales de este mismo año, un órgano regulatorio que estudie y apruebe los mecanismos a implantar para llevar a cabo la regularización del juego online en el estado luso.
Por el momento, Portas no quiso aportar más datos sobre cuándo o cómo se efectuará la legalización del juego online, sin embargo, sí confirmó que este órgano regulatorio estará formado por un grupo de expertos que redactarán las bases y las normas estructurales sobre las que se asentará el nuevo mercado regulado.
No obstante, cabe mencionar que los datos ofrecidos por un informe elaborado por el ex-secretario de Estado, Feliciano Barreras Duarte, basado en las conclusiones emitidas por la Comisión Interministerial de juegos de azar online de Portugal, indican que los ingresos tributarios procedentes del juego online “no resultarían de especial relevancia“, lo que contradiría al propio Portas, quién aseguró que gracias a la regularización del juego online, Portugal alcanzaría el 4% de déficit público.
Una contradicción que pone en evidencia al viceprimer ministro, leyendo las conclusiones del informe elaborado por Duarte: “La conclusión final es que el volumen de juego online ilegal en Portugal no será nunca superior a los 40 millones de euros anuales, sobre los cuales, no se podrá aplicar una tasa superior al 20%, ya que comprometería la viabilidad de los operadores, llevándoles al cierre o la vuelta a las actividades sumergidas, como ha sucedido en otros países donde se han querido aplicar tasas tan altas“.
“Por lo tanto, resulta evidente que la legalización del juego online no tendrá especial impacto sobre la economía pública real del país, ya que a la escasa recaudación, habría que sumar gastos procedentes de la supervisión de los operadores y del mercado en conjunto, los cuales, recaerían en el sistema bancario, y en especial, en el Banco de Portugal, quien debería dotarse de una serie de herramientas tecnológicas específicas, de las que no dispone actualmente, para controlar y supervisar los pagos electrónicos a los clientes, así como la posibilidad de bloquear pagos de entidades financieras radicadas en paraísos fiscales y fuera del alcance de la ley“, concluye el informe.
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