Fabian Picardo, primer ministro gibraltareño, anunció que descarta emprender acciones legales contra el Reino Unido, si dicho país, finalmente aplica la subida de un 15% del impuesto sobre el juego online, tal y como se viene anunciando.
En una conferencia organizada por el Gobierno del Peñón, Picardo alentó a los delegados británicos a que trabajaran junto a Gibraltar, y no contra él, con el objetivo de combatir el fraude fiscal de las casas de apuestas online, además de comunicar que las conversaciones con el Tesoro británico sobre este polémico proyecto de ley, se encontraba en pleno proceso de desarrollo.
Este proyecto de ley pretende que, a partir de diciembre de 2014, las empresas dedicadas a los juegos de azar online que se sirven de clientes residentes en Reino Unido, deberán abonar una tasa del 15% sobre sus ganancias, independientemente de donde se encuentre radicada su sede, lo que permitirá al Gobierno de Reino Unido, recaudar unos 300 millones de libras esterlinas extras, procedentes de este sector.
Esta medida afectará, principalmente, a los grandes operadores del juego online británico, como William Hill y Ladbrokes, los cuales, y al igual que otros como Bwin, Betfair o Bet365, operan desde el Peñón para poder beneficiarse fiscalmente, ya que en la actualidad, la máxima imposición a la que están sometida es del 1%, con un tope máximo de 425.000 libras esterlinas.
Para Picardo, la propuesta de ley del Tesoro británico, puede provocar la posibilidad de que los clientes abandonen los operadores de juego legales, y se desplacen a casas de apuestas no reguladas, las cuales, puedan ofrecerles mayores beneficios.
“En realidad, se corre el riesgo de empujar a los clientes británicos que actualmente se encuentran en servicios de juego online regulados, a los operadores del mercado negro, los cuales, ofrecerían probabilidades más competitivas“, comentó Picardo.
Por su parte, el Tesoro Público del Reino Unido defendió la aplicación de la propuesta, alegando que “los operadores de juego online deben realizar una contribución justa a las finanzas públicas del país, declarando las ganancias obtenidas de clientes británicos en Gran Bretaña, y que este modelo sí que conseguirá funcionar y ser viable, a pesar del fracaso observado en otros países donde se quiso aplicar una tasa similar“.