PARA CAPUTTO SE DEBE RESPETAR LA RENEGOCIACIÓN POR LAS TRAGAMONEDAS
«Hay que cumplirlo», aseguró el flamante vocal del Tribunal de Cuentas y ex director de Juegos y Casinos respecto a la polémica renegociación que benefició a una empresa vinculada al grupo Vila.
Héctor Caputto, flamante vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, defendió el cuestionado contrato con una empresa vinculada al grupo Vila que controla las máquinas tragamonedas. La prórroga otorgada en julio del año pasado incrementa del 23 al 47 por ciento las comisiones del privado. Sin embargo, para el ex director de Juegos, al contrato «hay que cumplirlo» y todavía no es tiempo de revisarlo.
«No hemos encontrado nada que nos haga entender que no tenemos que cumplir con lo que está firmado», expresó Caputto, quien puntualizó que la pieza fue aprobada por un directorio del que todavía no formaba parte.
Y agregó: «Es muy difícil evaluar las bondades del contrato si todavía no ha pasado el tiempo suficiente para saber si el Estado ganó más o menos».
Caputto incluso arriesgó que «no hay una merma de recursos para el Estado, quizás han mejorado las utilidades de la empresa, que ha tenido una mejora muy sustancial» y hasta defendió la inversión hecha por la empresa para que Mendoza tenga «uno de los casinos más grandes y lindos de Sudamérica».
Salitas de cuatro años. Caputto también justificó que los casinos estatales no cobren entrada a pesar de que hay una ley provincial que los obliga a hacerlo.
El funcionario afirmó a Elevediez que el incumplimiento de la norma se debe a que «hay que defender el negocio» y sostuvo que la ley 8.383, que dispone el cobro de 4 pesos en el ingreso a los casinos para financiar la construcción de salitas de cuatro años, podía generar una «competencia desleal» con los establecimientos privados.
Caputto fue hasta ayer uno de los miembros del directorio del Instituto de Juegos y Casinos. Como tal, quedó imputado en una causa en manos del fiscal de delitos Complejos, Daniel Carniello, por el incumplimiento de la ley de las salitas.
Además, fue cuestionado en la Fiscalía de Estado por uno de los gremios de los casinos debido al contrato que mejoró notablemente las ganancias de la empresa Mendoza Central Entretenimiento, una firma de Vila que opera las máquinas tragamonedas en los establecimientos oficiales.
Con esa mochila llegó su pliego de candidato a integrar el Tribunal de Cuentas al Senado. Sin embargo, sorprendentemente y en medio de muchas sospechas, la mayoría de los senadores avaló su designación este martes.
Ahora se convertirá en miembro de un organismo que también lo cuestiona por el caso de las salitas y que incluso amenaza con someterlo a un «juicio parcial de cuentas» por la incorrecta liquidación de fondos con destino educativo. Es decir, será, a la vez, acusador y acusado.
No obstante, el amigo del gobernador Francisco Pérez prometió por radio que se inhibirá y «no participará del análisis de la situación» que se realiza en el órgano de contralor.
Negocio. Caputto explicó por qué el directorio del Casino dejó a un lado la letra de la ley en el caso de las salitas de cuatro años y aseguró que, de todos modos, 7 de los 10 millones que se acumulan actualmente en el fondo destinado a la construcción de aulas ha sido aportado por el Instituto de Juegos.
El funcionario sostuvo que la ley 8383 es «loable por el objetivo, pero es complicado ejecutarla», dado que implica armar en los 10 casinos oficiales de la provincia un sistema para el cobro de entradas que costaría 350.000 pesos al mes. «Nos íbamos a gastar casi lo que cuesta una sala por mes», explicó.
Además, Caputto habló de competitividad. «Ningún casino cobra entrada ni la va a cobrar, por lo cual entrábamos así en una competencia desleal con los privados. Nuestra responsabilidad es mantener el negocio funcionando, porque este negocio aporta fondos importantes para programa sociales y de salud», afirmó.
«Los fondos salieron del Estado y volvieron al Estado», dijo Caputto. Se trata, según los registros oficiales, de 1,3 millones de pesos entre enero y febrero de este año.
Pero lo cierto es que la ley no se cumplió: el Instituto de Juegos decidió destinar recursos de la partida de publicidad al fondo educativo mientras estudia alternativas para eludir el cobro de entradas a los casinos.
La Dirección de Auditorías y Especiales y Normas del Tribunal de Cuentas ha considerado que es un «incumplimiento grave de la normativa aludida» que no se haya realizado el conteo de jugadores, tal como especificaba la ley.
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