Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, denunció «presiones» y «notas intimidantes» de ALEA
26/11/24 09:40 hs.
La Cámara de Diputados ha sido convocada a una sesión especial el día miércoles 27, para tratar las modificaciones de la ley de ludopatía y apuestas online. Allí, la política jugará su juego, aunque todavía es dudosa la posibilidad de obtener quorum.
El dictamen de mayoría se basa en un proyecto de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y otras iniciativas de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y los radicales de «Democracia para Siempre», mientras que La Libertad Avanza, el PRO, y la UCR presentaron un dictamen de minoría en base a un proyecto de Silvana Giudici.
El extenso articulado de los dos proyectos propuestos por los bloques encuentra su punto álgido en el artículo que se refiere a las restricciones de la publicidad, promoción y patrocinio del juego online.
En este punto, desoyendo las prudentes y legítimas observaciones realizadas por ALEA, Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica y presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones, las denunció como «presiones» provenientes de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA). Y declaró que la entidad envió una nota de «tono intimidante» a los legisladores con la firma de su director ejecutivo, Mario Trucco, para insistir en el rechazo a la ley y en la prohibición de la publicidad.
Estas declaraciones -asumimos que tomadas parcialmente y fuera del contexto general- vuelven a poner sobre la mesa las cartas de la prepotencia por sobre las del diálogo prudente y legítimo. A la declamación vacía de contenido por sobre los argumentos.
A nosotros, simples espectadores, solo nos resta observar el devenir de los acontecimientos y presumir -apenas presumir- que todavía deberá pasar mucha agua bajo el puente. No analizar, no debatir y solamente imponer, seguramente derivará en una continuidad de debates y acciones legales que no serán otra cosa que pérdida de tiempo, de dinero, de cordura.
La posición de ALEA
En una carta con fecha 14 de noviembre, dirigida a los jefes de bloques mayoritarios de la Cámara de Diputados, desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) explicaron que el proyecto es “manifiestamente inconstitucional en la medida en que propicia un indebido avasallamiento del Honorable Congreso de la Nación sobre competencias que desde los albores mismos de la república se han considerados como no delegadas a las provincias de la Nación”, indica la misiva.
Para las autoridades de ALEA, la evidencia en distintos países ha demostrado que prohibir la publicidad no disminuye el juego ilegal. “Al contrario, esta restricción puede generar un aumento en el acceso a plataformas no autorizadas, ya que al reducir la visibilidad de operadores legales y regulados, los usuarios pueden acceder a sitios que operan fuera del marco legal. Esto no solo afecta la seguridad de los jugadores, sino que también dificulta los esfuerzos de los entes reguladores para controlar la actividad”, explicaron desde la asociación.
Además, indicaron que “la prohibición de la publicidad limita la posibilidad de informar sobre las herramientas de juego responsable, tales como los programas de autoexclusión y los canales de ayuda”.
Por otra parte, agregaron que junto a la prohibición de patrocinios a entidades deportivas, provocará una “combinación letal”. “No solo se privará al público de información sobre la existencia de herramientas de juego responsable y canales de asistencia, sino que asimismo se desfinanciará a entidades que en su génesis procuran el desarrollo social”, escribieron en la carta.
Asimismo, explicaron: “Una lectura detallada del contenido del proyecto denota que la información y evidencias presentadas oportunamente por ALEA han sido desestimadas. Esto genera una muy honda preocupación en el seno de ALEA al advertir que el proyecto implica un avasallamiento sobre las competencias propias de los miembros de ALEA, al mismo tiempo que, de aprobarse, agravará la situación que pretende contener”.
Por otra parte, las autoridades se pusieron a disposición de las comisiones para trabajar en conjunto en el texto de un proyecto que sea respetuoso de la Constitución Nacional y eficaz para lograr la limitación del acceso de menores a productos nocivos.