“EL MECANISMO ES ABSOLUTAMENTE LEGAL”

Al oficializar que el Gobernador finalmente el decreto que establece la renovación directa de las licencias de explotación de 14 bingos, por 15 años, el sciolismo salió ayer a rechazar las críticas que sectores de la oposición vienen efectuando sobre esta operación, algunas de las cuales se fundan en el criterio de que las licencias deberían ser licitadas, y que una medida de ese tipo debería ser necesariamente dispuesta mediante una ley.

“El mecanismo de renovación de licencias de los bingos es absolutamente legal”, subrayó ayer el diputado provincial Guido Lorenzino, que milita en las huestes del sciolismo puro.

“Algunos diputados de la oposición que opinan sobre este tema faltan a la verdad. Es un mecanismo que ya usó Felipe Solá (cuando fue gobernador, en el 2006), y nos permite ingresar este año 1.000 millones de pesos a las arcas del Estado. Se hace a través de un decreto contemplado en la Constitución y que no requiere de ninguna ley”, agregó el legislador.

CRISIS Y PAGOS EXTRAS

Sobre los ingresos extra que generará la operación, y que aludió Lorenzino, desde el Instituto de Lotería se precisó que el pago extra que tendrán que hacer los bingos por la renovación directa de las licencias sumará en total 1.650 millones de pesos.

Según el desglose de ese monto, 600 millones ingresarán a las arcas públicas antes del 3 de agosto y para fin de año el pago efectivizado ascenderá a 1.110 millones. El resto será abonado por las empresas en 60 cuotas mensuales de unos 9 millones cada una.

Fuentes de la Gobernación también salieron a recordar ayer la crisis financiera que la obligó a desdoblar el pago del aguinaldo, y en ese sentido señalaron que la renovación de los contratos con los bingos “fue decidida como una de las herramientas para poder hacer frente al pago de los 7.100 millones de pesos que demanda la liquidación de sueldos (de julio) y aguinaldo”.

Lorenzino, en tanto, también se refirió a la posibilidad de estatizar la explotación del juego -que ya es una actividad estatal concesionada, para su operatoria, a privados- que proponen algunos sectores K. “No hay antecedentes en Argentina ni en Latinoamérica”, advirtió, “pero estamos dispuestos a discutirlo”, concedió.

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