PRESUNTA TRANSGRESIÓN A DISPOSICIONES LEGALES
La Superintendencia de Seguros (SIS) tuvo deficiencias en el control sobre póliza de seguro de Mepshow, concesionaria del juego de las quinielas, detalló un informe de la Contraloría General de la República.
La empresa aseguradora El Comercio Paraguayo SA realizó prácticas transgresoras de disposiciones legales y que, aparentemente, contaron con el aval y el consentimiento de la Superintendencia de Seguros al permitir que la póliza de caución tomada por la empresa Mepshow, a favor de la entidad asegurada, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), estuviera al descubierto del reaseguro y sin garantías reales suficientes como alternativa al reaseguro.
Mepshow SA era dirigida por Jorge Escobar, que posteriormente dejó el cargo.
El período abarcó desde el 8 de enero del 2010, fecha de inicio de la vigencia de la póliza, hasta noviembre del 2010.
“En consecuencia, durante ese periodo, estuvo latente el riesgo que, ante el incumplimiento de pago por parte de la tomadora, la póliza no pueda ser ejecutada debido a la eventual falta de recursos suficientes de la aseguradora para hacer frente al monto asegurado. Asimismo, la empresa Mepshow SA no contaba con los avales suficientes para garantizar a El Comercio Paraguayo”, anexó el reporte del ente contralor.
Asimismo, la SIS, a cargo del superintendente Diego Martínez, no tomó acciones sobre la situación deficitaria del margen de solvencia de la compañía aseguradora, a pesar de tener conocimiento del hecho desde el momento en que el equipo de inspección lo informó y, en contraposición, ejecutó actos administrativos dilatorios y permisivos con el aparente –o cuasi evidente– fin de solapar la actuación de la empresa hasta la regularización, describió el informe.
NO SE COMUNICÓ AL BCP
Asimismo, entre los documentos remitidos a la auditoría, no se evidenció que la Superintendencia de Bancos haya comunicado al Directorio del Banco Central del Paraguay sobre la situación de la póliza de la empresa El Comercio Paraguayo SA, sostuvo el reporte.
La Contraloría recomendó al Banco Central una urgente investigación administrativa a fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en este proceso y, si ese fuera el caso, sancionarlos de acuerdo a las leyes vigentes.
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