María Eugenia Vidal suspendió el impuesto al juego que había sido creado en diciembre del año pasado. La decisión -que beneficia a Daniel Algelici- se tomó en el marco de un acuerdo entre las empresas del sector, los trabajadores y la Gobernadora.
La resolución lleva la firma del titular de Lotería, Matías Lanusse, y plantea el cese del impuesto del 3% sobre los premios «hasta tanto se determine un mecanismo fáctico, material y técnico que permita percibir el impuesto previsto».
Lanusse da lugar a una cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de San Martín que plantea «exceso reglamentario» y «violación al principio de legalidad» por parte del Estado bonaerense. La resolución aún no fue publicada en el Boletín Oficial.
Pero más allá de los tecnicismos que detalla el documento, se trata de una decisión política de la Gobernadora de cara a posible fin de ciclo. Ese tributo había sido presentado a fines de 2018 con el objetivo de crear un fondo específico para atender el gasto social, que crecía en paralelo a la crisis económica.
Por entonces, Vidal negociaba con la Rosada una asistencia financiera que le permitiera sobrellevar el ajuste que debía aplicar a partir de la transferencia de subsidios que dejaría de pagar la Nación.
El impuesto a la recaudación de las tragamonedas fue tramitado en la Ley Fiscal Impositiva que se negocia y se aprueba junto al presupuesto de la provincia. Por entonces, desde el gobierno calculaban que generaría unos 6.000 millones de pesos para las arcas del Estado.
Claro que la avanzada contra el juego generó una fuerte reacción entre los empresarios del juego, que mantuvieron reuniones de urgencia y se quejaron de la fuerte presión impositiva.
Cuando la presión de los empresarios del juego cobraba fuerza, el gobierno sorprendió con una jugada a dos bandas y anunció la legalización del juego online. Ese mecanismo servía para engrosar las complicadas arcas provinciales y también compensaba a los bingueros con un negocio en el que estaban interesados varios actores importantes del oficialismo como el propio Angelici y Gustavo Arribas.
La reglamentación del juego online abría una vía de ingreso de fondos frescos al Estado bonaerense a través del cobro del 15% de Ingresos Brutos y un canon del 34% a las empresas. Según algunas estimaciones el negocio dejaría unos 5.000 millones a las alicaídas arcas públicas.
Vidal consiguió el apoyo en el massismo y el peronismo de los intendentes para aprobarlo en la Legislatura. Sin embargo, la licitación se fue demorando al tiempo que crecían los cuestionamientos de la Iglesia -un sector que Vidal siempre prefirió mantener cerca-.
Ahora la adjudicación del juego online está frenada y todo indica que será Axel Kicillof quien defina si da continuidad a ese negocio o si lo desestima.
Fuente: lapoliticaonline.com